El Perro Pluto y el nuevo Consejo de la Magistratura

La discusión constitucional sobre la reforma judicial no cesa, y nosotros tampoco. Tal como lo hacía Aurora en las viejas épocas, aunque no tan viejas, La Causa adelanta el futuro. En efecto, gracias a la magia de Walt Disney tenemos un adelanto de cómo podrían funcionar las mayorías simples del nuevo Consejo de la Magistratura (verdadero "jury"), las cuales, por ejemplo, podrían considerar a varios jueces como enemigos públicos, quizás por haber investigado a funcionarios pertenecientes a las mayorías circunstanciales, tal como Pluto es considerado un enemigo público por haber perseguido gatos (nótese, sin embargo, que el jury de este video es más exigente, ya que condena por unanimidad). El final es particularmente ilustrativo.

Y para los que quieren escucharlo en su versión original:

N. de la R.: nuestro agradecimiento a un programa de TV de Slavoj Žižek sobre la perversión en el cine que nos llamó la atención hace un tiempo sobre este episodio del Ratón Mickey.

Temo a los Griegos, incluso cuando hacen Entrevistas

Este video es el producto de dos grandes errores. El primero, es de quienes manejan, por así decir, la prensa de Lorenzino, que no tuvieron la mejor idea de concederle una entrevista a una periodista que no sólo no trabaja en un medio afín, sino que encima es extranjera. Lo cual nos lleva al segundo error, si es que se trata de un error.

En realidad, es otra muestra acabada de la necesidad de estudiar sociología de la cultura o dedicarse a los estudios culturales. En efecto, da la impresión de que en Grecia tienen esta extraña costumbre de entrevistar a los Ministros de Economía, y para el caso de que hubiera inflación, preguntarles de cuánto es, y para el caso de que la cifra que dieran fuera sensiblemente inferior a la real, preguntarles por la diferencia. La periodista, de buena fe, entendemos, creyó que aquí teníamos esta misma y extraña costumbre. Pero, en las palabras de nuestro Ministro, “la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en Argentina es complejo, ¿OK?”. Acá de la inflación no se habla. Nos sigue sorprendiendo la peregrina idea de esta periodista que cree que su trabajo consiste en hacerle preguntas sobre la inflación al Ministro de Economía. Pensar que Grecia fue la cuna de la democracia. Véase, sin embargo, en lo que degeneró ahora: periodistas cuyo trabajo creen es hacer preguntas.

De ahí que Lorenzino se viera en la misma situación que el Dictador de Sacha Cohen, a partir de los 21 segundos de este clip, que no pudo decir seriamente lo que estaba enunciando y tuvo que cortar la filmación:

Ahora bien, y tal como lo dice quien entendemos es una asesora de Lorenzino (la cual comparte el ligero acento y modismos sanisidrenses del Ministro), “hay un tema… que quizás es difícil de entender para alguien de afuera”: “nosotros no hablamos de la inflación ni con los medios argentinos”. Lo que en principio puede sonar chauvinista, como si dado que el Ministro no habla siquiera con sus propios medios, es absurdo que hable con medios extranjeros, en realidad es una denuncia anti-imperialista. En efecto, la buena fe de la periodista terminó siendo perversidad, tal como suele pasar. Los griegos creen que son el centro del mundo, estándares universales de conducta. Ya Aristóteles, en el libro VII de la Política, creía que los griegos representaban una mezcla exacta de inteligencia y coraje, entre la cobarde inteligencia asiática y el coraje estúpido de los europeos. En otras palabras, el heleno-centrismo, la típica sinécdoque imperialista, sigue intacta. Como en Grecia hay periodistas que le hacen preguntas al Ministro de Economía sobre la inflación, entonces creen que acá somos bárbaros porque no tenemos esa misma y pestífera práctica, que no es sino una muy poderosa arma de las corporaciones en su lucha contra la democracia. Montaigne famosamente denunció que quienes se creen civilizados consideran salvajes a quienes no son como ellos. Antes de visitar un país extranjero los periodistas deberían primero interiorizarse acerca de sus costumbres.

Pensándolo bien, sin embargo, Lorenzino es una víctima en esta historia, ya que se encuentra en la misma situación que Winston Smith, el personaje central de 1984. Lorenzino, tal como Smith, al menos antes del final de la novela, se resiste a creer que la realidad no existe, que la inflación es lo que el partido dice que es, y por eso se niega a decir la cifra en cámara. Recordemos lo que O’Brien le explica a Smith: “Sólo la mente disciplinada puede ver la realidad, Winston. (…). Cuando vos te engañás pensando que ves algo, asumís que todos ven la misma cosa que vos. Pero te digo Winston, que la realidad no es externa. (…). Cualquier cosa que el Partido diga que es la verdad, es la verdad” (1984, pp. 225-6). El Partido no se conforma con que digamos la cifra oficial de inflación, sino que además hay que creer que es verdadera. El ejemplo más claro de la psicología partidaria es la de Pimpi Colombo, la ex seguidora (pero lejos está de ser la única) de Domingo Cavallo. A juzgar por sus apariciones públicas, Pimpi no miente sobre la inflación en cámara, a los cuatro vientos, sin remordimientos. En absoluto. La única explicación de su estoica constancia sobre los números del INDEC es que sus estados mentales han sido lavados por el partido. Quizás Pimpi antes era como Lorenzino, tenía sus dudas, y mentía, pero al final se doblegó, igual que Smith. Ella cree en las cifras del INDEC, y por eso se comporta como una orgullosa ciudadana noruega. 

Es más. No nos extrañaría que esta pobre sufrida criatura que es Lorenzino—aunque en realidad lo somos todos en cierto sentido—no sólo sabe que acá de la inflación no se habla, o en todo caso se miente, sino quizás hasta recuerda que alguna vez Clarín fue el más preciado aliado del kirchnerismo. Todavía no puede decir que siempre estuvimos en guerra con Clarín (algo habíamos dicho al respecto: click). Todo lo cual no es sino una razón extra para su humana, demasiado humana reacción, el deseo de irse de la entrevista. Sus estados mentales todavía perciben un desfase entre la realidad y sus creencias.

Lorenzino, todavía, en una situación angustiante pero—quizás por eso mismo—redentora, resiste. Sigue enfrentado al eterno desafío del panorama descripto en 1984, p. 34: "Saber y no saber, ser consciente de veracidad completa mientras se dicen mentiras cuidadosamente construidas, sostener simultáneamente dos opiniones que se cancelan mutuamente, saber que son contradictorias y creer en ambas; usar la lógica contra la lógica, (...), olvidar lo que era necesario olvidar, entonces traerlo otra vez a la memoria en el momento en que fue necesario, y entonces prontamente olvidarlo otra vez”. Lo único que queda por saber es hasta cuándo Catilina abusarás..., perdón, hasta cuándo Lorenzino podrá resistir, o si simplemente se pimpiniza. 

¿Derecho penal para Todos y Todas?

Las opiniones vertidas en este video (hace un tiempo, en 2010, mucho antes de los programas de Lanata) por Diana Conti son ciertamente intrigantes. Vale aclarar que nos llamó poderosamente la atención enterarnos de que Diana Conti es abogada penalista. No precisamente porque sea un gran logro, sino porque su formación jurídica no hizo sino incrementar nuestra curiosidad por su postura.

En primer lugar, no podemos dejar de confesar nuestro asombro por la defensa penal mencionada por Conti en el sentido de que una acción podía ser delictiva o no, si su autor podía saber o no que iba a terminar siendo presidente de la república, respectivamente. Para resolver semejante cuestión necesitaríamos convocar a un neurocirujano o a un científico especializado en cohetes, como se suele decir en las películas de Hollywood.

En segundo lugar, por suerte, hay otra cuestión que es mucho más modesta y que puede ser resuelta consultando a un abogado. En efecto, nos ha provocado gran curiosidad la teoría de Conti según la cual delitos contra la administración pública tales como violación de los deberes de los funcionarios públicos, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, están exentos de pena para el caso de que quien cometiera la acción prevista por el tipo penal fuera elegido democráticamente y/o su ideología política fuera la correcta. En pocas palabras, que la comisión de un delito quedara exenta de responsabilidad penal por el hecho de que el autor fuera democráticamente elegido y/o tuviera la ideología política correcta. Se trataría de un abolicionismo restringido, sólo para personas de cierta ideología. O si se quiere, un derecho penal de autor, pero al revés, esto es, hay ciertos autores de delitos a los que no se les aplica el derecho penal. La clave para saber si hay un delito es quién lo hizo, no qué es lo que fue hecho.

En realidad, la posición de Conti no es exactamente nueva. Ya había sido descripta por George Orwell: “las acciones son tenidas por buenas o malas, no en sus propios méritos, sino de acuerdo a quién las hace, y casi no existe clase de ultraje… que no cambie su color moral cuando es cometido por nuestro lado” (cit. en Ned Dobos, Insurrection and Intervention, p. 60).

Apenas terminamos de ver el video, nos abalanzamos sobre el abogado del equipo de La Causa para que nos explicara semejante teoría que sin duda atenta contra el sentido común. Nuestro abogado nos explicó que al menos cuando él terminó la carrera allá por los comienzos de la década del (mil novecientos) noventa, la vieja dogmática penal enseñaba que una acción típica (i.e., para decirlo rápido y en criollo, prevista por la ley con un castigo en el Código Penal) sólo podía estar justificada en caso de que hubiese sido cometida, por ejemplo, en defensa propia o de un tercero, o en estado de necesidad, o autorizada por otra disposición jurídica, pero jamás porque el autor ganó las elecciones. Para ilustrar cómo funciona una causa de justificación estándar, Conti tendría que sostener que los actos contra la administración pública fueron cometidos en estado de necesidad: un mal fue causado (delitos varios contra la administración pública) para evitar otro mayor e inminente (perder la oportunidad de juntar euros por kilo) al que el autor ha sido extraños.

Quizás, agregó nuestro abogado, el kirchnerismo modificó el Código Penal sin haber notificado debidamente la reforma y añadió una nueva causa de justificación: ser kirchnerista. Más allá de la discusión sobre las bondades de la reforma en sí misma, sin duda se trata de un argumento de peso para quienes insisten en la necesidad imperiosa de que los profesionales se actualicen diariamente.

Así y todo, insistió nuestro abogado, aunque el kirchnerismo hubiera hecho semejante modificación, la misma habría sido inexplicable. En efecto, la teoría estándar del derecho penal sostiene que las leyes penales contienen dos tipos de prohibiciones: aquellas que se refieren a acciones inherentemente malas o malas en sí mismas, acciones cuyo disvalor no puede ser razonablemente negado por persona alguna, y por eso están prohibidas (que en la jerga escolástica eran didácticamente llamadas mala in se) y aquellas que se refieren a acciones cuya ilicitud o disvalor proviene exclusivamente del hecho de que estén prohibidas o acciones que son malas porque están prohibidas (no menos didácticamente eran llamadas acciones mala quia prohibita). Un ejemplo de las primeras es la típica prohibición del homicidio, un ejemplo de las segundas es la prohibición de entrar al país con una suma de dinero superior a cierto límite. Mientras que el homicidio es malo en sí mismo, no hay nada malo en sí mismo en entrar a un país con más de, v.g., 10.000 dólares, o comprar o vender dólares, tal como nos lo ilustra el caso de Néstor Kirchner quien aprovechara las viejas épocas comprando dólares por cifras millonarias.

Ahora bien, aunque compartimos la desconfianza de los anarquistas respecto a las instituciones estatales, y comprenderíamos el escepticismo anarquista respecto a las prohibiciones que protegen la propiedad privada o castigan la evasión impositiva, hasta los anarquistas estarán de acuerdo en que los delitos contra la administración pública mencionados (i.e. cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, etc., y todo quizás en concurso real por kilo), por más que su comisión dañe al Estado, su disvalor no proviene de su prohibición, sino que están prohibidos porque son disvaliosos, sin que importe quién los comete.

En otras palabras, se refieren a acciones que son malas en sí mismas, debido a que la ventaja del delincuente perjudica injustamente a los demás, amén del perjuicio a la confianza depositada por los ciudadanos en sus funcionarios. Y en todo caso, cuando se trata de acciones malas en sí mismas, jamás la ideología ni el autor son relevantes. Cualquier autor de semejante delito, indistintamente de por qué lo hizo, debe ser castigado (es significativo que el ejemplo que usaba Aristóteles para ilustrar la existencia de acciones inherentemente malas era el del adulterio, el cual ni siquiera podía estar justificado en el caso de ser cometido con la esposa del tirano). En realidad, es una situación agravante el hecho de que quien comete tales delitos se llena la boca defendiendo la necesidad de la intervención estatal para corregir las injusticias sociales.

En cuanto al daño sobre la sociedad que los delitos contra la administración pública provoca en la sociedad, basta recordar los casos de la tragedia de Once o de la inundación de La Plata y Buenos Aires. En efecto, en los casos de corrupción solemos concentrarnos en la ventaja injustamente adquirida o en la indignación que provoca en los ciudadanos y no tanto en los efectos de la corrupción en la sociedad. Ambas cosas deben ser tenidas en cuenta. En realidad, un homicidio puede ser mucho menos dañoso que los actos de corrupción de funcionarios públicos. Si en una futura reforma penal alguien propusiera darles a los funcionarios públicos una especie de ticket para cometer un delito a su elección, convendría ofrecerles un pase para un homicidio antes que juntar dinero por kilo, lavarlo y luego enviarlo al exterior.

Queda el último argumento que da Diana Conti, un argumento de naturaleza moral o política y no ya jurídica, ya que el Código Penal no lo contempla. Según este argumento, un delito podría ser exculpado en caso de que fuera cometido en aras de un fin justificado o una causa justa. Algo así como un estado de necesidad, pero sin los límites impuestos por el derecho. La variante deontológica propondría que la corrupción es una recompensa por lo hecho. Pero no va a faltar el que se pregunte por qué hay que recompensar al que actúa por una causa justa. ¿No son las causas justas su propio premio? ¿Y no sería contradictoria semejante recompensa por la causa justa?

La variante teleológica se concentraría en los resultados. Por ejemplo, la corrupción pública tuvo efectos revolucionarios en la sociedad (y, para ser serios, dichos efectos no pueden ser medidos por el INDEC): bajó la pobreza, la indigencia, la inflación, la criminalidad (ya que es la otra cara de una distribución injusta del ingreso), etc. Quizás algún día la corrupción tenga efectos revolucionarios, pero por ahora tuvo efectos más reaccionarios en todo caso. En realidad, esta variante no parece ser menos contradictoria que la primera. Y sólo convencería a los consecuencialistas, si es que lo hace. Los demás insistirán en que la corrupción no tiene ideología.

Queda la variante según la cual el corrupto en realidad sólo quiere protegerse de las corporaciones que tratarán de vengarse de él por haber tratado de revolucionar la sociedad. De ahí la necesidad de, como gráficamente lo dice Conti, “estar hecho”, asegurarse de que toda la familia en todas las generaciones no sufrirán porque sus antecesores se dedicaron a la política. Se trata de una variación del tema teleológico, pero que de ser válida exigiría quizás que le diéramos el mismo trato a cualquiera que afectara a las corporaciones, por ejemplo, un científico cuyo descubrimiento afectara a las corporaciones de tal forma que exigiera por lo tanto miles de millones para seguir adelante.

Finalmente, resta el argumento según el cual, si no toleramos la corrupción, “gana Cobos” (o peor, Dios no lo quiera, y lo decimos mientras nos tocamos nuestras partes pudendas, Macri). Irónicamente, este argumento va en contra de la lógica aparentemente democrática que inspira la defensa de la corrupción democrática. En efecto, no hay que olvidar que la corrupción no es considerada delito por algunos debido a que fue cometida por quienes ganaron las elecciones. Si Cobos, o Macri, o quien fuera, ganaran las elecciones, entonces también quedarían habilitados para cometer delitos.

En realidad, que estemos haciendo bromas sobre estos tópicos, o peor, que provoquen discusiones como las que intentó dar Diana Conti en ese entonces y quizás todavía quiera dar hoy en día (o quienes acusan a los críticos de la corrupción kirchnerista de ser "honestistas"), es una grave señal de lo mal que estamos, una grave señal de la creencia en que la democracia es un ticket para cometer delitos, al menos bajo ciertas condiciones.

Maduro ganó la Auditoría de Votos y otros Chistes judíos

La práctica constitucional venezolana sigue haciendo las delicias de los constitucionalistas. Ya habíamos discutido un par de puntos al respecto (click). Ahora lo que nos llama la atención es la decisión de hacer una auditoría o revisión de votos de las últimas elecciones presidenciales que no va a tener efecto alguno (click).

En efecto, si se nos permite la expresión, a pesar de la reticencia inicial, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) accedió a la petición de la oposición de llevar a cabo cierta auditoría de las elecciones, pero aclaró que la misma no es un recuento en sentido estricto y además no podrá alterar el resultado de las elecciones. La pregunta es entonces ¿para qué semejante auditoría?

Se nos ocurren tres opciones por las cuales la auditoría no afecta el resultado electoral. (1) Porque están seguros de que ganó Maduro. Esta primera opción es extraña, ya que el sentido mismo de pedir y/o conceder una revisión es que no están seguros de quién ganó. (2) Una segunda opción nos hace acordar a un viejo chiste judío que solía contar Norman Erlich. Una persona le dice a otra: "Qué desgracia. Me enteré de que se quemó tu negocio. Lo lamento mucho", y la otra le responde: "No, callate, la semana que viene". Cabe aclarar que hace poco un colega peruano nos contó que en Perú cuentan un chiste estructuralmente idéntico pero protagonizado por gallegos, como se suele decir, y por lo tanto para indicar ingenuidad, por así decir. (3) Finalmente, aunque la auditoría arrojara un resultado contrario, Maduro seguiría siendo el ganador. Esta opción supone que si las elecciones no conducen a la victoria de Maduro, las que se equivocan son las elecciones (o los electores), no la manera de contar los votos. En otras palabras, el sentido de que haya elecciones es que Maduro tiene que ganar, o como habría dicho Rousseau, dado que Maduro representa a la voluntad general, si el pueblo hubiera votado mayoritariamente a Capriles, entonces se habría equivocado. Quizás sea cierto. Pero no envidiamos a quien tuviera la imposible tarea de mostrar las credenciales democráticas de semejante opción (ya las habíamos tratado aquí en relación al kirchnerismo).

Quizás haya más opciones en juego, pero francamente se nos escapan. Cualquier aporte es más que bienvenido.

Maquiavelo y la Ética pública

Edgardo Mocca en su nota de Página 12 de ayer (click) en relación a la manifestación del 18 A sostiene ciertas ideas que son verdaderamente "polémicas" como se suele decir en estos días. En efecto, en la nota sostiene:

"La ética pública tiene, por su lado, una larga historia en el debate teórico y en la práctica política de las sociedades. Para los kantianos, la honradez es la mejor forma de la política, mientras que para la tradición de pensamiento que nace con Maquiavelo, es la virtud, y no la ética, el atributo principal del líder político. No es la virtù, en el sentido de una adaptación de la conducta a un precepto dogmático, sino la virtù que designa la excelencia de la capacidad política del líder, cuya conducta debe ser juzgada en relación con la grandeza de la patria y la felicidad de sus habitantes. Nuestra conversación cotidiana tiende a equiparar la ética política con la ética individual y a reducir con frecuencia el alcance de ambas a la abstinencia de la apropiación de lo ajeno; es decir algo que no puede ser considerado parte de la ética porque pertenece a la esfera estricta del derecho penal".

En primer lugar, jamás Kant confundió la ética con la política. Es por eso que escribió por un lado La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres y la Metafísica de las Costumbres por separado. Quizás algunos kantianos, o personas que creen ser kantianas, sí confunden la ética con la política y por eso la gente sigue la opinión común al respecto. Pero es un error. Por ejemplo, Rawls usa a Kant, pero su teoría no es kantiana. Pero dejemos a Kant.

Lo más grave es la interpretación que hace Mocca de Maquiavelo. Es un grueso error atribuirle la idea a Maquiavelo de que su teoría de la virtud es compatible con la corrupción pública. En realidad, la teoría republicana sostiene que la corrupción es la falta de virtud. Precisamente, Maquiavelo desconfiaba de los gobiernos unipersonales porque promovían la corrupción del pueblo. Bajo gobiernos monárquicos la gente no sabe cómo gobernarse a sí misma, deliberar, ni defenderse de enemigos externos. El poder absoluto hace que la gente sea fiel al gobernante y no a la república, amén de que provoca la riqueza exagerada de los gobernantes. Y Maquiavelo, como republicano de ley que era, jamás habría tolerado que un funcionario se quedara con un solo centavo del erario público. Por supuesto, los republicanos de pura cepa, de la vieja tradición, siguen el viejo eslogan de salus publica suprema lex esto y saben que en casos de emergencia la salvación de la república es más importante que el interés privado. Pero habrían considerado un disparate que la salvación de la república exigiera la corrupción de los funcionarios.

Leamos a Maquiavelo, para variar: "[F]ue muy afortunada Roma, ya que sus reyes se corrompieron pronto y fueron expulsados antes de que su corrupción se contagiase a las vísceras de aquella ciudad. Y como ésta permanecía libre de corrupción, los numerosos tumultos que acaecieron en ella, encaminados a buen fin, no perjudicaron a la república, sino que la favorecieron. Y se puede llegar a esta conclusión: cuando la materia no está corrompida [la quale incorruzione], las revueltas y otras alteraciones no perjudican; cuando lo está [dove la è corrotta], las leyes bien ordenadas no benefician, a no ser que las promueva alguno que cuente con la fuerza suficiente para hacerlas observar hasta que se regenere la materia [se già le non sono mosse da uno che con una estrema forza le faccia osservare, tanto che la materia diventi buona], …” (Discursos..., I.17).

Quien crea que para Maquiavelo, o para cualquier republicano, la corrupción es compatible con la virtud está severamente equivocado. Se trata de una contradicción en sus términos. La suma de todos los males para el republicanismo es la corrupción. En todo caso, lo que Mocca puede haber leído alguna vez es que Maquiavelo en su libro de consejos para príncipes llamado precisamente El Príncipe le recomendaba a un príncipe, pero entonces no a un gobernante republicano, que tomara decisiones que podrían ser éticamente reprobables, como por ejemplo no cumplir con su palabra, o mentir, e incluso cometer homicidios, para mantenerse en el poder. Tales acciones podrían ser virtuosas en la medida en que contribuyeran a la conservación del orden. Pero en todo caso semejante consejo (a) jamás menciona siquiera la posibilidad de que el príncipe use el erario público como si fuera suyo y (b) provenía de Maquiavelo en su capacidad de asesor o de intelectual a sueldo o que intentaba ser contratado por alguien, jamás de Maquiavelo como pensador político republicano.

Como ya hemos visto, lo que Maquiavelo habría recomendado sería regenerar la materia corrupta como primer paso hacia la salvación de la república. Jamás hacer la vista gorda ante la corrupción, subestimar lo que Mocca llama "la abstinencia de la apropiación de lo ajeno". A Mocca le va a costar encontrar algún pensador político de envergadura que aconseje algo semejante. Habría que ver si eso es lo que aconseja Mocca.

No se puede proteger la Constitución violándola

La diputada Elisa Carrió ha llamado a impedir que tenga lugar la votación el próximo miércoles en el Congreso sobre la así llamada reforma judicial (click). Sin duda, se trata de una reforma con graves consecuencias institucionales que afectan a la forma republicana de gobierno adoptada por nuestra Constitución y que muy probablemente sea inconstitucional.

Ahora bien, la convocatoria para impedir que sesione el Congreso es peligrosamente ambigua porque admite al menos dos lecturas. Según la lectura política, lo que la diputada propone es hacer todo lo políticamente posible para impedir que la reforma tenga lugar, es decir, medidas usuales en la política parlamentaria tales como no prestar quórum, peticionar antes los representantes que revean sus creencias al respecto, convocar a la gente que asista a la deliberación y se haga presente en los alrededores del Congreso, etc.

Pero la indeterminación de la propuesta de Carrió podría entenderse como un llamado a hacer imposible sin más que el Congreso sesione, lo cual configura el delito de sedición. Es de muy público conocimiento que la misma Constitución afectada por la reforma judicial aclara enfáticamente que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, así como el Código Penal prohíbe la sedición. Otra vez, Carrió tiene razón en que la reforma podría ser inconstitucional. Pero es el poder judicial el que tiene la atribución legal de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, no el pueblo.

En el fondo, la propuesta de Carrió, por bien intencionada que fuera, confunde cuestiones constitucionales, que invitan el desacuerdo, con las estrictamente legales cuyas prohibiciones son indiscutibles. Como diría Carl Schmitt (o el liberalismo francés del siglo XIX), confunde cuestiones políticas con cuestiones estrictamente legales. En nuestro país, los órganos encargados de tomar la decisión política de determinar si una ley es constitucional son las judiciales. No es ninguna novedad la así llamada dificultad contramayoritaria: hay razones para oponerse a que los jueces tomen decisiones políticas de este tipo. Pero es indudable que, hasta nuevo aviso, el control judicial de constitucionalidad es parte del sistema judicial argentino. En cambio, es una cuestión claramente legal, por no decir penal, que la sedición está prohibida por la Constitución y por el Código Penal, y no hace falta acudir a la Corte Suprema al respecto.

La reforma judicial muy probablemente afecta a la forma republicana de gobierno. Pero no se puede impedir el normal desenvolvimiento del Congreso por un desacuerdo constitucional. No es el pueblo sino la Corte Suprema en última instancia la que decide sobre la constitucionalidad de las leyes, y es el pueblo mismo el que decidió esta división del trabajo. Cabe recordar que se trata además de una Corte Suprema que ha dado muestras claras de independencia frente al mismo Poder Ejecutivo que designara a varios de sus miembros, muestras que de hecho han provocado ataques del Poder Ejecutivo hacia dicho tribunal.

En conclusión, a menos que la invitación a impedir la aprobación de la ley de reforma judicial sea entendida en términos puramente políticos como los expuestos más arriba, deberíamos abstenernos de hacer todo lo posible para cometer un muy grave delito en el caso de un orden constitucional democrático, tal como lo es el delito de sedición.

"Rerun" alusivo

Para no repetirnos, nos repetimos: http://lacausadecaton.blogspot.com.ar/2012/11/delenda-est-santa-fe.html

Revolucionarios, jacobinos, bonapartistas

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, art. 16.: "Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución en absoluto".
"el periodista cambia de estatus. Ya no es como en el pasado el modesto plumífero de letras o el servidor asalariado de los poderosos que le dan órdenes. Se impone como una figura política central, intocable y casi sagrada. Más aún, se convierte en una verdadera institución. Camille Desmoulins teorizó entonces ese nuevo papel: 'Hoy-escribe-los periodistas ejercen el ministerio público', cumplen 'una verdadera magistratura'. Michelet destaca justamente que el periodismo se impone en esa época como una 'función pública'. Si esos hombres de letras pueden, sin sorpresa, considerarse la expresión de la opinión pública, en realidad hacen mucho más. Ejercen a la vez una tarea de representación y poseen una parte de la soberanía. Compiten con los representantes electos en expresar día tras día las expectativas de la sociedad. 'Soy el ojo del pueblo, ustedes son en el mejor de los casos el dedo meñique', dice Marat, burlón y despectivo, a los representantes de la Comuna de París. (...). Con esa palabra clave [control] de la lengua revolucionaria, ... los contemporáneos desean dar una consistencia directa, independiente de todo soporte institucional. En este caso, el poder de control ejercido por los periódicos es visto como un poder de tipo democrático. (...). El argumento central de los bonapartistas para justificar las restricciones impuestas a la libertad de prensa fue... decir que esta última no tenía ninguna legitimidad democrática porque no era un poder de tipo representativo. (...). Los periódicos son vistos en esa perspectiva como 'cientos de pequeños Estados en medio del Estado'. Un periódico es un poder público en manos de particulares: el periodista interviene con su conciencia o sus intereses personales como único mandato. No es elegido por nadie pero encarna un verdadero poder social. (...). Los bonapartistas se convirtieron en los denunciadores implacables del periódico como estructura capitalista. Los periódicos que sólo representan intereses parciales deben ser subordinados al interés general, no deben sustituir el sufragio universal para expresar a la opinión pública como poder de la generalidad. (...). Es entonces toda una concepción de lo público lo que está en debate en la visión cesarista de lo político" (Pierre Rosanvallon, La Contrademocracia, pp. 112-16).
"La soberanía del pueblo tenía sentido, para el Primer Cónsul, sólo si podía afirmarse de manera polarizada. Está claro para él que la nación no necesitaba de garantías contra el poder, dado que todas las autoridades que la constituían emanaban de ella. Bonaparte participaba de esa manera del antipluralismo dominante en Francia en ese período; a sus ojos, la democracia no puede ser más que no liberal. ¿Concebimos-se pregunta en enero de 1802-una oposición contra el pueblo soberano? ¿Tribunos allí donde no hay patriciado? Las imágenes de luchas revolucionarias y el espectro del caos que se perfilaban aún entonces detrás de la mera palabra 'oposición' le facilitaron, es cierto, la tarea" (Pierre Rosanvallon, La Contrademocracia, p. 106).

¿Redundancia o Magnanimidad?

Una cuestión planteada por Silvina Giaganti, muy distinguida y polémica tuitera (@sgigantic) y, decimos con mucho orgullo, ex-alumna del curso de Filosofía de Derecho afiliado a este blog, ha provocado una discusión en el seno del equipo de La Causa de Catón. ¿Cuál es el sentido de la referencia hecha por Cristina Fernández de Kirchner a la ideología del muchacho de San Isidro que sufriera una literal agresión a manos de, entendemos, vecinos del mismo barrio, agresión ocasionada por la orientación sexual y la fe del agredido (los agresores creyeron que la homosexualidad es incompatible con la fe católica y merece por lo tanto ser repelida por la fuerza)? Por si hiciera falta, recordemos las palabras de la Jefa de Estado: 'Alguien me dice “Mirá que éste es antiK rabioso”. “Te trata de fuhrer en el twitter, la madre dice que el gobierno es una dictadura”. ¡¿Y a mi que me importa?!' (declaración que figura en uno de la última serie de veintipico de tweets y además subida a facebook).

La discusión, decíamos, fue sobre qué sentido pudo haber tenido la referencia a la ideología. En efecto, la estructura del repudio hecho por Cristina fue la siguiente: “Repudiamos absolutamente la agresión a X, sin que importe que es Y”. En otras palabras: ¿qué sentido tiene el “sin que importe…”? ¿Por qué no consistió simplemente en “Repudiamos absolutamente la agresión a X”? Una vez que nos detenemos un segundo a pensar, queda claro que la aclaración es redundante o contraproducente.

Redundante, porque es obvio que no importa que X fuera Y, en este caso macrista, ya que, mal que nos pese, incluso los macristas son seres humanos, y no es ninguna novedad que existen derechos humanos que asisten a todos estos seres. En realidad, es imposible encontrar un Y tal que justifique la aclaración.

Si descartamos la opción de la redundancia es porque alguien puede suponer que existe alguna duda al respecto. De hecho, ese pareció ser el sentido de quien cercano a la Jefa de Estado le aclaró que “Mirá que éste es antiK rabioso”. Sin duda, nobleza obliga, queda claro que Cristina nos hace saber que a ella no le importaba. Pero la duda permanece. ¿Había acaso alguna posibilidad de que sí le importara? ¿Para qué aclara que no le importa? Tendría sentido la aclaración esta vez de la falta de importancia si estuviera rodeada de gente a la cual sí le importa, i.e. gente a la cual le debe explicar que todos los seres humanos tienen derechos básicos inalienables, no sólo los kirchneristas. Aquí es que aparece el otro extremo, una vez descartada la redundancia, es decir, el gesto magnánimo de dignarse a reconocer el repudio que merece la agresión a quien profesa una ideología distinta, a pesar de las advertencias de los pensaban lo contrario.

Es muy curioso además que Cristina haya creído que haciendo pública su aclaración “sin que importe que…” iba a quedar mejor que no haciéndolo. En efecto, pensemos en los posibles destinatarios de la aclaración. Si la misma fue dirigida a sus seguidores kirchneristas, haría quedar muy mal no sólo a sí misma sino a sus asesores, tal como acabamos de ver en el párrafo anterior. Si la aclaración estuvo dirigida a quienes no son sus seguidores, nos hace acordar a una escena de “Loco por Mary” que ya habíamos usado en otra oportunidad y, curiosamente, también en referencia a Cristina, para ilustrar el caso de alguien que cree que va a impresionar a alguien muy favorablemente, pero la impresión que logra es exactamente la inversa (click):

(Por si hiciera falta, la transcripción del guión en el original: HEALY My real passion is my hobby. MARY What's that? HEALY I work with retards. MARY (put off) Isn't that a little politically incorrect? HEALY The hell with that. No one's gonna tell me who I can and can't work with. MARY No, I mean...)


Nos vemos forzados a anticipar una objeción que suele emerger cada vez que Cristina recibe una crítica por sus frecuentes declaraciones: si Cristina se pronuncia está mal, si no se pronuncia también. El punto es que debía pronunciarse, por supuesto, pero sin mencionar la ideología del agredido. La mención magnánima es claramente el problema.

Finalmente, y para cerciorarnos de que no es nada personal contra Cristina (algo que suele preocuparle a no pocos kirchneristas), con el siguiente ejemplo. Supongamos que Macri repudiara una "agresión a X", a pesar de que le dijeron que X era kirchnerista. En otras palabras, en tal situación hipotética a Macri no le importaría “que X era kirchnerista". Si Macri hubiera dicho esto, ¿no estaríamos ahora haciéndonos un picnic con semejante aclaración troglodita, y con verdadera saña?

Queda abierta, sin embargo, la discusión acerca de si podemos encontrar una explicación de la aclaración capaz de superar el muy resbaladizo eje “redundancia-magnanimidad”.

Pacifismo o Violencia legítima

La incansable luchadora por los derechos humanos Estela de Carlotto (quien se jugó la vida por dicha militancia mientras otros se enriquecían y/o se hacían los distraídos durante la última dictadura militar) tuvo una discusión con el periodista algo anodino Ernesto Tenembaum por una pregunta que este último le hizo sobre su posición sobre la lucha armada en los 70 durante una entrevista radial (click). Carlotto se ofendió por el mero hecho de que Tenembaum le hiciera la pregunta. No queda del todo claro sin embargo por qué se ofendió. Lo que sí queda claro es que Carlotto se contradijo, a pesar de su dilatada y muy distinguida trayectoria como militante por los derechos humanos.

En efecto, mal que le pese, por un lado se pronunció en contra de la violencia, pero por el otro reivindicó la lucha. Por si hubiera dudas, Carlotto en ese contexto comparó la lucha que ella reivindicó con la participación de San Martín suponemos en la Guerra de la Independencia. Si Carlotto fuera pacifista, debería estar en contra de cualquier uso de la violencia.

Carlotto en realidad no pudo sustraerse a nuestro curioso clima de época en el cual la gente cree ser pacifista en el sentido del cristianismo primitivo, cuando en realidad, salvo muy honrosas excepciones, todo el mundo se va a defender en caso de que la agredan. Esto se llama violencia o guerra justa, no pacifismo, y es aquí donde se ubica la larga tradición republicana de la reivindicación de la resistencia ante la tiranía. Tenembaum mismo tampoco es un pacifista, a pesar de que lo que él manifiesta, ya que está a favor del Estado (institución violenta si las hay) y, suponemos, sólo en contra de la violencia ejercida en contra del Estado democrático, entre 1973 y 1976. No podemos entonces criticar a Carlotto meramente porque somos pacifistas, a pesar de que lo solemos creer, ya que eso sería ingenuidad o hipocresía.

Ella, además, se mostró confundida: dice reivindicar la lucha armada debido a que quienes participaron en ella creían tener razón. En realidad, salvo muy honrosas excepciones, todos los seres humanos actúan porque creen tener razón, por lo cual no es una manera apropiada reivindicar una acción sobre esa base. Carlotto podría insistir que los fines por los cuales algunos llevaron a cabo la lucha armada eran infinitamente mejores que los fines de los militares. En efecto, mientras que los unos se proponían alcanzar una sociedad justa o sin dominación, los segundos eran genuflexos servidores de la explotación capitalista. Pero del hecho que uno actúa en aras de una meta correcta, y suponiendo que las metas eran factibles (especialmente una sociedad sin dominación), obviamente no se sigue que los medios que elige a tal efecto también sean correctos. Históricamente, tanto quienes se propusieron eliminar la explotación capitalista como continuarla coincidieron en elegir medios igualmente atroces. En otras palabras, es muy difícil si no imposible encontrar algún fin que, por deseable que fuera, justificara cualquier medio.

Si viéramos las cosas en el sentido inverso llegaríamos a la misma conclusión. En efecto, a pesar de que solemos criticar el apotegma según el cual el fin justifica los medios, en realidad dicho apotegma encierra una tautología: si queremos ir a Mar del Plata, entonces sacar un pasaje en micro está justificado. Es más, no hace falta querer ir a Mar del Plata para mostrar la conexión entre Mar del Plata y la racionalidad instrumental de sacar un pasaje. El fin siempre justifica los medios. Por eso hay que asegurarse de que el fin elegido esté justificado. Sobre todo, como hemos visto, teniendo en cuenta que un fin inatacable justificará cualquier medio necesario para alcanzarlo. Nuevamente, no es fácil concebir un fin semejante, un fin cuya "practicalidad" es tal que cualquier cosa que hagamos para alcanzarlo estará justificada no sólo en términos instrumentales sino también prácticos, por así decir.

Carlotto, entonces, tiene toda la razón del mundo en reivindicar los fines de la lucha armada, pero no así la lucha armada en sí misma al menos en contra de un régimen democrático, tal como fue el caso en Argentina entre 1973 y 1976, y probablemente fue por eso que ella se mostró molesta por su contradicción. Ella no quiso trazar la diferencia entre la lucha y sus fines porque temía, quizás, que la crítica de los medios repercutiría de manera políticamente negativa sobre los fines. Pero no tiene por qué ser necesariamente el caso. Se puede insistir con los mismos fines, aunque cambiando los medios. Además, y por si hiciera falta, no se puede justificar violación alguna de los derechos humanos por el mero hecho de que alguien haya actuado violentamente.

Las cosas serían distintas si Carlotto creyera que la democracia capitalista no hace ninguna diferencia sustancial, antes bien, quizás sea todavía peor que una dictadura capitalista, ya que la democracia liberal no hace sino enmascarar la dominación capitalista que en una dictadura sale completamente a la luz, y si creyera que para eliminar dicha dictadura no hay otra alternativa que una dictadura del proletariado provisional hasta la aparición de la sociedad sin clases. Esta postura le permitiría a Carlotto evitar la contradicción, pero no parece ser la que refleja su posición.

Kirchnerismo neoclásico y kirchnerismo acomodaticio

El Juramento de los Horacios, Jacques-Louis David, 1784 

Los Horacios, González y Verbitsky, cada uno a su modo, se han juramentado a no ceder en su compromiso con sus fuertes principios en contra de Bergoglio. El hecho de que Bergoglio se haya convertido en Francisco no cambió nada para ellos. Como se suele decir últimamente, "se puede discutir" el alambicado estilo de González (que incluye la caracterización de Ratzinger como un "spinozista") y si Verbitsky tiene suficiente respaldo moral como para convertirse en juez de las virtudes y defectos morales de sus enemigos (en realidad, la autoridad moral en el fondo es irrelevante, siempre y cuando estemos dispuestos a que nos juzguen tal como juzgamos), pero es indiscutible que como la proverbial piedra estoica han resistido los cambios de la marea política.

Del resto del kirchnerismo, sin embargo, no se puede decir lo mismo, ya que ha rendido homenaje a la performatividad de la política, por no decir la política de los hechos consumados. Desde Cristina Fernández de Kirchner (quien en realidad parece haberse olvidado de que estaba en contra de Bergoglio, a juzgar por su muy genuina emoción durante su última estadía en Roma) hasta Hebe de Bonafini, pasando por Luis D'Elía y Cynthia García, han tratando a Bergoglio del mismo modo que el diario Le Moniteur Universal, el diario vocero del gobierno francés, había tratado a Napoleón. En efecto, durante el mismo mes de marzo de 1815 éstos son los informes que se sucedieron en dicho periódico de la marcha de Napoleón desde Elba hacia París:


1. El antropófago ha salido de su escondite.
2. El ogro de Corsa viene de desembarcar en el Golfo de Juan.
3. El tigre ha arribado a Grenoble.
4. El monstruo se ha acostado en Grenoble.
5. El tirano ha atravesado Lyon.
6. El usurpador ha sido visto a sesenta leguas de la capital.
7. Bonaparte avanza a gran paso, pero no entrerará jamás en París.
8. Napoléon estará mañana bajo nuestras murallas.
9. El Emperador ha arribado a Fontainebleau.
10. Su Majestad Imperial y Real ha hecho ayer a la noche su entrada en el Palacio de las Tullerías en medio de sus fieles súbditos.


No tenemos las tapas del Moniteur, pero sí las de Página 12, el mismo diario que publicó las opiniones de los Horacios. Nos dan una idea de cómo habrán sido aquellas tapas napoleónicas:

  

Pacto de Caballeros

Por un lado, algunos, como el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Roberto Feletti, sostienen que al Gobierno no le interesa la suba del dólar ilegal. En el fondo, se trata de un mercado que afecta con toda la fuerza a un diez por ciento de la población, i.e. a las personas capaces de ahorrar. Al resto de la población, el noventa por ciento restantes, lisa y llanamente no les importa la depreciación constante de su moneda y una tasa de inflación de entre veinticinco y treinta por ciento. En realidad, tienen que gastar absolutamente todo su ingreso, ya que apenas sobreviven o bien no pueden ahorrar con semejante inflación. Si éste fuera o quisiera ser o seguir siendo un país de clase media (tal como se creía hace cincuenta años), esta distribución del ingreso sería un problema. Pero como no lo es, la falta de ahorro y la ubicuidad del consumo son buenas noticias.

Por otro lado, sin embargo, no faltan los que sostienen que en realidad al Gobierno sí le preocupa la subida del dólar ilegal, y es por eso que mantiene un diálogo constante con los delincuentes que a pesar de la prohibición obtienen grandes ganancias merced a dicha prohibición en el mercado negro (o azul como se lo suele llamar hoy en día; sobre la naturaleza de la prohibición de comerciar divisas ya nos habíamos pronunciado: en julio, en mayo y otra vez en julio). El Gobierno, entonces, oscila entre la denuncia de la criminalidad y la negociación con la misma (de hecho, acaba de sancionar una ley en la que aprobó un tratado con Irán en relación a la causa AMIA, algo que hemos comentado a menudo en este blog). La última novedad es que el Gobierno ha pedido un feriado cambiario ilegal a los delincuentes (click).

Más allá de la pintoresca contradicción, el diálogo entre nuestras fuerzas del orden y los delincuentes nos hace acordar a una gran película en la que trabaja Peter Sellers, "The Wrong Arm of the Law" (1962), en la que Scotland Yard y los caballerescos delincuentes llegan a un acuerdo para celebrar una tregua de veinticuatro horas y de ese modo concentrar sus fuerzas en contra de otros delincuentes, muy poco caballerescos, que se hacen pasar por policías y que roban a los delincuentes honestos. Lástima que la película de Peter Sellers es muy cómica, mientras que la política económica del Gobierno no lo es tanto, o lo es, pero peligrosamente. No vamos a decir cómo termina la película, en un caso porque lo sabemos y en el otro porque lo tememos.

A continuación subimos la película, de la cual recomendamos a quien no quiera verla entera que vea aproximadamente a partir del minuto 46 (hasta por lo menos el minuto 52), cuando la policía y los caballerescos delincuentes se encuentran en una calesita.

Dolina en la ESMA

Ya habíamos tratado este tema en general (El Sum de la ESMA). En este caso en particular debemos reconocer que hay un antecedente. Un tiempo después de los Juicios de Nuremberg, cuando había pasado un tiempo prudencial, los Aliados decidieron re-apropiarse del campo de exterminio de Auschwitz y como parte de esa política organizaron un show de Jerry Lewis y Dean Martin. Lamentablemente no se ha conservado un testimonio fílmico, pero gracias a You Tube podemos subir una típica rutina de Jerry Lewis representada en aquella oportunidad en Auschwitz aunque obviamente de una representación diferente:

Voegelin y el Chavismo

Dada la rapidez con la que cambia la fascinante realidad política venezolana, el equipo de La Causa, gente de ciencia si la hay, de manera rotativa está las veinticuatro horas del día releyendo bibliotecas en búsqueda de claves que permitan entender los fascinantes acontecimientos que están sucediendo allí.

Por alguna razón los sucesos recientes nos han hecho recordar a Eric Voegelin y su La Nueva Ciencia de la Política, de 1952. En dicha obra, de la misma colección a la que pertenecen La Condición Humana de Hannah Arendt y Derecho Natural e Historia de Leo Strauss, Voegelin, entre otras cosas, analiza la teoría de la institución del jurista francés Maurice Hauriou. Hauriou se había abocado al estudio de la institución durante el declive de la Tercera República francesa, al borde de la desintegración de la sociedad. Según Hauriou, la primera tarea de un poder gobernante es la creación de una "nación políticamente unificada transformando una multiplicidad preexistente y desorganizada en un cuerpo organizado para la acción". La tarea del gobernante es concebir la idea directriz de la sociedad y realizarla históricamente. "La institución está perfeccionada exitosamente cuando el gobernante ha devenido subordinado a la idea y cuando al mismo tiempo el consentimiento costumbrista de los miembros es alcanzado. Ser un representante significa guiar, en una posición dominante, el trabajo de realizar la idea a través de una encarnación institucional" (The New Science of Politics, p. 48).

Hauriou, continúa Voegelin, deriva de aquí una serie de proposiciones sobre la relación entre el poder y el derecho: "(1) La autoridad de un poder representativo precede existencialmente la regulación de este poder por el derecho positivo. (2) El poder mismo es un fenómeno del derecho en virtud de su base en la institución; en la medida en que un poder tiene autoridad representativa, puede sancionar derecho positivo. (3) El origen del derecho no puede ser encontrado en regulaciones legales sino que debe ser buscado en la decisión que reemplaza una situación litigiosa por poder ordenado" (The New Science of Politics, pp. 48-49). Sin duda, nuestros lectores advertirán el eco schmittiano de estas consideraciones, sobre todo debido a que Voegelin había sido influido por e incluso, creemos, estudiado con Schmitt, pero además debido a que Hauriou, a la vez, había influido mucho en Schmitt.

Pero lo que más nos interesa es el párrafo siguiente, el cual parece haber sido escrito por un televidente asiduo de Telesur en el último mes, y que culmina la breve discusión de Voegelin sobre la teoría de Hauriou (teoría que, insistimos, había nacido en el contexto de un colapso representativo):  "Para ser representativo, no es suficiente que un gobierno sea representativo en el sentido constitucional (nuestro tipo elemental de instituciones representativas); también debe ser representativo en el sentido existencial de realizar la idea de la institución. Y la advertencia implicada puede ser explicada en la tesis: si un gobierno no es nada sino representativo en el sentido constitucional, un gobernante representativo en el sentido existencial tarde o temprano lo va a destruir; y muy posiblemente el nuevo gobernante existencial no será muy representativo en el sentido constitucional" (Eric Voegelin, The New Science of Politics, p. 49).

Queda por discutir por qué el gobierno de Venezuela insiste con la farsa constitucional una vez que la representación existencial se ha apoderado de la sociedad. Vamos a seguir buscando en la biblioteca.

Con la Constitución en la Mano

Las dificultades constitucionales de Venezuela son fácilmente explicables, con independencia de los problemas que provoca animarse a llevar a cabo toda transformación revolucionaria.

En primer lugar, si bien se suele decir que es deseable tomar decisiones políticas con la Constitución en la mano, en Venezuela semejante expresión es un arma de doble filo. En efecto, su Constitución está al alcance la mano, y de hecho algunos jueces de manos no muy grandes pueden tomar decisiones con más de un ejemplar en cada mano (el nuevo Presidente juró con la Constitución literalmente cubierta por su mano, y Edmundo Rivero pudo haber sostenido un container de ejemplares en la mano, pero el suyo era un caso especial), pero precisamente por eso es casi imposible que puedan leerla. Sólo un juez descendiente de halcones, o provisto del ojo biónico de Steve Austin o de un microscopio electrónico, podría leerla. De ahí que no podemos criticar a las autoridades políticas y judiciales de Venezuela por haber entendido cualquier cosa, por ejemplo, confundir al Vicepresidente del Poder Ejecutivo con el Presidente de la Asamblea, o creer que una asunción presidencial puede tener lugar sin el presidente (nos permitimos referir a nuestra discusión de esta cuestión, la cual resultó ser profética, creemos que nunca más apropiado el término que en este contexto: El Pueblo elegido), cuando ni siquiera pueden leer la Constitución.

En segundo lugar, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tiene treinta y dos miembros, tal como nos lo recuerda una excelente nota de Página 12 de hoy (No estuvo bien). La imposibilidad de leer la Constitución se agrava notoriamente debido a que con semejante composición es imposible siquiera que los jueces del alto tribunal puedan trabajar juntos. Da escalofrío de hecho pensar sólo en las complicaciones de tránsito en los alrededores que provocaría una reunión del Tribunal a pleno, o dónde podrían ir a almorzar: deberían alquilar un restaurant entero para hacerlo. En efecto, una mesa para treinta y dos es un restaurante. Y para poder sesionar el Tribunal debería lisa y llanamente alquilar un Salón de Fiestas (uno de los miembros de La Causa de hecho estuvo el viernes en una fiesta de quince en la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Olivos, y lo recomienda pero para una media sesión del Tribunal, o una sesión para la mitad de los miembros. Para una sesión plena y para evitar disgustos convendría alquilar el Luna Park). A esto hay que sumarle dificultades tales como qué pasaría si uno de ellos no soportara el ajo o el olor al ajo y justo alguno de los otros treinta y uno justo comido ajo recientemente, o si no todos fueran estrictos en sus hábitos higiénicos o no se bañara regularmente, o tuviera intolerancia a la lactosa, o vaya uno a saber qué otra eventualidad pudiera suceder.

La siguiente e histórica escena de "Una Noche en la Ópera" de los Hermanos Marx, creemos, nos da una buena idea de cómo es un reunión estándar del Tribunal Supremo de Venezuela, a la cual por obvias razones no pueden asistir ni los secretarios letrados, ni relatores, sino pura y exclusivamente sus miembros: