La Trilogía sobre el 2 x 1 para En Letra: Derecho Penal

Nos complace anunciar que ha aparecido en la revista En Letra: Derecho Penal la última parte de la Trilogía iniciada por la Tostadora. Quizás los lectores recuerden la segunda parte (Hay dos sin Tres) y ahora les hacemos llegar la tercera y muy probablemente última parte: El Estado de Derecho caído en Batalla. Ojalá que no sea necesaria una tetralogía.

La Culpa de todo la tienen los Judíos (y los Ciclistas)

A esta altura es un hecho de público conocimiento que Alain Finkielkraut, un filósofo francés (en cierto sentido al menos), aunque judío, no tuvo mejor idea que estar ayer en París en el boulevard de Montparnasse durante una jornada de protesta de los chalecos amarillos, justo cuando algunos chalecos amarillos se encontraron con él.

Cabe recordar que los chalecos amarillos solamente se manifiestan los sábados, quizás para homenajear indirectamente al shabbat pero tal vez porque comprensiblemente no desean encontrarse con judíos en la calle, mucho menos con filósofos de familia de emigrados que llegan a ser miembros de la Academia Francesa y por lo tanto son un verdadero símbolo de la República.

Los chalecos amarillos en cuestión, una vez que entraron en contacto con Finkielkraut, comenzaron a ensayar diferentes interpelaciones que maliciosamente fueron interpretadas por medios filo-sionistas como insultos, todo mediante verdaderas deformaciones: “Cerdo sionista de mierda”, “gran mierda”, “que te jodan [n. de la r.: en el sentido castizo, no sudamericano, del término]”, “volvete a Israel”, “judío”, etc. A esto se suma la aparición de esvásticas en tumbas judías y algún que otro cartel “judío” en establecimientos comerciales de panadería que por ejemplo se dedican al expendio de bagels (ver foto).

Decíamos que las interpretaciones son verdaderas deformaciones maliciosas ya que salta a la vista que hay gente que no come harinas y además existe el hecho incontestable—hasta donde sabemos el propio involucrado no lo niega—de que Finkielkraut es judío. De ahí que mucha gente en las redes sociales con razón concentrara su atención en Finkielkraut y su responsabilidad por lo acontecido. Si él tuviera la deferencia de evitar el contacto con los chalecos amarillos—y para mayor seguridad no estar en París o tal vez mejor en Francia los sábados o los días durante los que se manifiestan los chalecos amarillos—entonces no habría problema alguno.

De hecho, los chalecos amarillos deberían exigir una reforma a la Constitución de Francia de tal forma que la misma incluya su derecho constitucional a no encontrarse con filósofos judíos (al menos si son hijos de emigrados polacos y sobre todo si son miembros de la Academia Francesa).

No pocos se han preguntado en las redes sociales qué fue lo que Finkielkraut hizo como para que le recordaran que él es un “cerdo sionista de mierda”, “gran mierda” y fundamentalmente “judío”. La respuesta es obvia. El que empezó todo esto fue Finkielkraut ya que él es judío.

Claro que no todos están de acuerdo con nuestra posición, a juzgar al menos por la siguiente historia narrada por el gran escritor alemán (en cierto sentido al menos) Kurt Tucholsky en la década de 1930: “‘La culpa siempre la tienen los judíos’, dijo uno. ‘Y los ciclistas’, dije yo. ‘¿Por qué los ciclistas?’, preguntó él desconcertado. ‘¿Por qué los judíos?’, le volví a preguntar yo”.

El Derecho Penal Express

El diputado bonaerense por Cambiemos Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para quitarles los planes sociales a los beneficiarios que corten calles (click). El proyecto esencialmente prevé que “Toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas será suspendida”. El argumento mencionado en la nota es que “hay un hartazgo muy fuerte”.

Se trata de un proyecto que tiene aristas constitucionales bastante curiosas—sobre todo si su único argumento jurídico es que “hay un hartazgo muy fuerte”—, aunque pensándolo bien dichas aristas no son tan curiosas en un país en el cual se encuentra vigente una ley penal retroactiva sancionada en tiempo récord por el Congreso y recientemente convalidada por la Corte Suprema.

No hace falta ser constitucionalista en realidad para darse cuenta de que bajo el Estado de Derecho—que aunque parezca mentira es el estipulado por nuestra Constitución y las leyes que provienen de ella—, nadie puede perder un derecho a consecuencia de un delito a menos que dicho delito haya tenido lugar efectivamente, y desde el punto de vista jurídico la única manera de que un delito tenga lugar efectivamente es que un juez penal haya condenado a alguien por eso. Por supuesto, esto último es una tautología, como el 99,99 % del contenido de este blog, pero en los últimos años—por no decir desde su creación—quienes trabajamos en este blog nos hemos visto a decir tautologías forzados por las diferentes circunstancias.

De ahí que, al menos en lo que atañe a la comisión de delitos, el proyecto del diputado Castello es absolutamente redundante. En efecto, si cortar una ruta (entendiendo al corte de modo apropiado de tal forma que tiene lugar en ocasión de una manifestación pública en ejercicio del derecho a la protesta) es un delito, entonces se trata de una cuestión que corresponde a los jueces penales, y quienes cometen dichos actos ya deberían haber sido condenados. La redundancia proviene entonces del hecho de que incluso aplicando esta hipotética ley, los jueces penales van a tener que intervenir condenando a los involucrados, cuando se supone que el propósito de la ley es evitar la intervención de la justicia penal mediante una declaración penal express. Como se puede apreciar, la discusión es bastante similar a la provocada por el tristemente célebre DNU sobre la extinción de dominio (La Extinción del Derecho).

Alguien podría temer la posibilidad de que haya gente dispuesta a ir a la cárcel condenada por un delito con tal de recibir la ayuda económica del Estado, por lo cual el derecho penal no sería suficientemente disuasorio. Sin embargo, esta consideración no debería hacer gran diferencia, ya que quien comete un delito puede ver sensiblemente reducido su derecho a la libertad pero no así su patrimonio y de hecho conserva derechos tales como el del voto y el de trabajar. No tendría sentido entonces agregarle al castigo de estar en prisión la pena de reducir sus ingresos. La pregunta entonces es: si el corte de ruta es un delito (a big if, como se dice en inglés), por qué los jueces penales no están actuando. Pero eso es definitivamente otra cuestión.

Y si el corte de ruta no es un delito, entonces no tendría sentido la preocupación que tanta gente siente por los cortes y muchos menos podríamos quitarle a alguien derecho alguno por haber cometido semejante acto penalmente irrelevante.

En cuanto a las contravenciones, no parece ser razonable quitarle un derecho a alguien porque cruzó un semáforo en rojo, que no sea una afectación relativa a la contravención. Uno puede ser multado, experimentar una pérdida de puntos en el registro, etc., pero no perder el derecho a la asistencia. De hecho, en caso de cometer las contravenciones, gran parte de la asistencia muy probablemente deba ser destinada a su pago.

Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en este sempiterno viaje a lo desconocido, o no tanto, que es este bendito país.

Interpretativismo, el Tema del Verano

Muchas gracias a Luciana Vázquez por esta oportunidad.