Hace tiempo que venimos discutiendo el problema de la así
llamada inseguridad, o aumento del delito, en nuestro país. Una y otra vez
hemos dicho que, muy a grandes rasgos, existen dos explicaciones del delito.
Por un lado, la tesis moral, por no decir teológico-antropológica, popularizada por, entre otros, el reaccionario Joseph De Maistre, la cual supone que
la comisión de delitos se debe lisa y llanamente a que la naturaleza humana ha
caído y por lo tanto se ve tentada a incumplir mandatos morales, tales como los
que subyacen a las prohibiciones del Código Penal. Por el otro, la tesis
socio-económica, para la cual no es la caída en sí misma la que explica el
delito—al menos no la caída del así llamado delincuente. En efecto, para esta
segunda tesis, el delito se debe a una sensiblemente defectuosa distribución
del ingreso. Cuando más equitativa es dicha distribución, menos delito habrá.
En todo caso, la tesis socio-económica comparte cierta moralización de la
explicación del delito pero en relación a la responsabilidad de quienes no
hacen nada por mejorar la distribución del ingreso, la cual a su vez explica el delito para empezar a hablar.
A esta altura no es ninguna novedad que en nuestro país está
vigente hace más de una década un modelo de crecimiento con una inclusión socio-económica
tal que sería absurdo siquiera sospechar que el incremento del delito que tanto
preocupa ahora al Gobierno Nacional pueda tener conexión alguna, por remota que
fuera, con una defectuosa distribución del ingreso. Todo lo contrario. De ahí
el reciente anuncio presidencial de incluir como parte de una reforma del
Código de Procedimientos en Materia Penal un régimen especial para extranjeros
sorprendidos en flagrante delito, quienes podrán ser deportados ipso facto, i.e. sin juicio previo. En efecto, el modelo de
crecimiento inusitado con inclusión por momentos escandinava, se ha convertido en un nuevo "El Dorado", el cual a su vez ha atraído un
número tal de extranjeros que, a juicio del Gobierno al menos, solamente vienen
a nuestro país a delinquir, y son responsables de la crisis de inseguridad. La distribución del ingreso es nacional y popular,
el delito, en cambio, es extranjero y enemigo del pueblo. En otras palabras, la tesis
teológico-antropológico-moral es correcta pero si se aplica a los países
vecinos, no al nuestro. La caída se ha enseñado con la naturaleza humana pero
no con la de los argentinos, sino con la naturaleza humana de los ciudadanos de
los países vecinos.
Seguramente, no faltarán los liberales y republicanos que,
cuándo no, pondrán el grito en el cielo por esta medida xenofóbica, la cual no
solamente pone en duda las aspiraciones cosmopolitas del modelo (por lo demás,
el modelo siempre se jactó de ser nacional y popular, jamás cosmopolita), sino
además muy probablemente argumentarán que las garantías constitucionales en
materia penal de los ciudadanos se extienden asimismo a todos los habitantes de
nuestro país. Es más, no nos extrañaría en absoluto que invocando el Mercosur y
la tan mentada hermandad nuestro-americana se preocuparan por el destino que
les podría tocar en suerte a los habitantes de esta incipiente unidad regional
si la misma adoptara la política de nuestro Gobierno y decidiera deportar,
aunque temporariamente, a sus ciudadanos sorprendidos en flagrante delito. ¿Acaso
serían bienvenidos en la Unión Europea, o en África, quizás en nuestro nuevo
socio comercial e informativo, Rusia, o China?
Tampoco podemos dejar de mencionar a quienes se consideran
de izquierda (a pesar de que a la izquierda de este Gobierno está la pared) y
por eso creen que la xenofobia, o la reacción para el caso, son incompatibles con el progresismo. La verdad,
no tenemos la menor idea de dónde proviene la idea según la cual la xenofobia es patrimonio exclusivo de la derecha. Lo único que faltaba es que alguien
alegara que en realidad el capital no tiene banderas, y que por lo tanto la
lucha por la emancipación no puede quedar enmarcada dentro de los límites de una
sola nación. Por momentos no podemos resistir la tentación de creer que hay
gente que nunca leyó, v.g., a Stalin y su socialismo en un solo país.
Párrafo aparte merece la prisión preventiva por hechos que
produzcan “conmoción social” y la consideración de la reincidencia a tal
efecto. Tal como nos lo hiciera notar nuestro amigo Yago, se trata de una
concesión a la tan vapuleada prensa opositora. En efecto, sería suficiente que,
v.g., Clarín publicara una nota sobre algún hecho delictivo para que el autor de este hecho no
saliera nunca más de la cárcel. Se trata de un gesto que ennoblece a la
iniciativa gubernamental, pero nos parece exagerado y nos preocupa qué será
entonces de la vida de Boudou (al cual esperemos proteja el principio de irretroactividad de las leyes penales) y de la vida de varios funcionarios de
este mismo Gobierno que el día de mañana bien podría caer en las manos de la
prensa opositora, desprovistos de todo fuero protector. En cuanto a la
reincidencia, se trata de un instituto jurídico que solía preocupar a los
penalistas liberales, pero aparentemente eso es cosa del pasado. Ni siquiera vale la pena molestarse por quienes creyeran que ni siquiera mediando juicio previo el Estado tiene derecho a deportar a alguien por haber cometido un delito, sobre todo si esta persona está dispuesta a cumplir con la pena.
Finalmente, no faltarán los que dudarán de las motivaciones
del Gobierno para implementar esta medida xenofóbica. Es más, algunos
sostendrán que este mismo Gobierno se contradice ya que en el pasado había abjurado públicamente de toda xenofobia e incluso existe una institución estatal destinada a combatirla (INADI). La respuesta es que, sea por oportunismo electoral o por principio, el
modelo de crecimiento con inclusión cuasi-escandinava exige luego de una larga
década de éxitos una dosis considerable de xenofobia. En la vida hay que
elegir.