Desafortunadamente, la persecución (por no decir linchamiento) judicial en contra del Gobierno parece acrecentarse con el transcurso del tiempo. Por suerte, sin embargo, las mentes legales del Gobierno no se quedan de brazos cruzados sino que responden vigorosamente.
Por ejemplo, la diputada Diana Conti, cuya peculiar doctrina penalista hemos examinado en otra oportunidad (derecho penal para todos y todas), señaló que “los jueces pueden investigar a cualquiera, no es que por ser un presidente no lo pueden hacer, pero no con esta espectacularidad e intencionalidad política de dañar a la Presidenta de la Nación”.
No es que quisiéramos poner palos en la rueda, pero no entendemos cómo la ideología política de un juez puede afectar sus decisiones legales. En efecto, ¿acaso un acusado puede exigir que el juez que entiende en la causa comparta su ideología política? Por supuesto, es comprensible que un juez que no comparte la ideología del acusado trate de condenarlo. Pero si la condena está fundamentada (o lo está, supongamos, la absolución de alguien que comparte la ideología del juez), entonces la ideología del juez es irrelevante (quemá esas cartas). Acerca de la oportunidad de la investigación, para eso están precisamente los plazos de prescripción de la acción penal. Ojalá que el Gobierno logre apartar al juez si, llegado el caso, tal como ha sucedido en otras oportunidades (desde un juez hasta un fiscal pasando por el Procurador General de la Nación), el funcionario judicial resulta ser inapropiado o incompetente, en el sentido amplio de la palabra.
El Secretario de Justicia, Julián Álvarez, a su vez, comparte la preocupación por la motivación política del juez (dando un saludable giro al respecto: click), y agrega una variación bastante extraña del tema: “Yo no digo ni que está mal ni que está bien, probablemente (Amado) Boudou esté bien procesado, está bien que él (por Bonadio) haga todas las investigaciones que quiera. Lo que está mal es que las realice en función de lo que le sucede en la Magistratura”. Más allá de que Álvarez está echando algo de sombra sobre la reputación del Vicepresidente de la República (Boudou), no tiene mucho sentido su asociación entre la conducta de Bonadío y el Consejo de la Magistratura.
En efecto, según Álvarez, Bonadío, que está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura por mala praxis, incurre en otra mala praxis para beneficiarse en la investigación de la que él mismo es objeto. Es como si alguien acusado de homicidio cometiera a la vista de todo el mundo otro homicidio para ser exonerado del primero. Se estaría cavando su propia fosa, y cada vez más profunda.
Quizás preocupada por lo que las otras mentes legales del Gobierno (no contamos entre ellas al Jefe de Gobierno Capitanich, no porque no sea competente, sino porque entendemos que es contador) han hecho hasta ahora en su defensa, la Presidenta misma de la República ha salido hoy mismo en su propia defensa y advirtió que “Ningún buitre financiero o carancho judicial, me va a extorsionar”. Lejos estamos de presumir que podemos asesorar a la Presidenta, pero llama la atención que ella haya descripto la persecución de la que es objeto como una “extorsión”.
En verdad, si la extorsión girara alrededor de una acusación completamente infundada, sería muy irracional de parte de la Presidenta cumplir con dicha extorsión. La idea misma de extorsión en general supone que lo que forzaría al extorsionado a cumplir con la extorsión es que quien lo extorsiona tiene precisamente algo ilícito en su contra. Distinto sería, por supuesto, si alguien hubiese sido secuestrado, pero hasta el momento no parece ser el caso.
La idea misma de extorsión en este caso supone entonces que lo que forzaría al extorsionado a cumplir con la extorsión es que quien lo extorsiona tiene precisamente algo ilícito en su contra como para poder torcerle el brazo, lo cual sería políticamente letal para la Presidenta.
Cabe recordar que los fondos buitres ya han probado con éxito esta fórmula extorsiva con el Presidente del Congo, Denis Sassou-Nguesso, quien extorsionado por los gastos de su familia y de las comitivas presidenciales en el exterior, se vio obligado a llegar a un acuerdo con los buitres. Por ejemplo, una habitación de hotel en la que estuvo el Presidente del Congo en Nueva York costó más de lo que un congoleño promedio gana en una década.
Dicho sea de paso, la injustificable conducta de los fondos buitres es más inteligible que la de las mentes legales del Gobierno, pero tampoco es precisamente un dechado de planeamiento estratégico, ya que los buitres suponen que la opinión pública argentina es tan poderosa como o tiene el mismo peso que la congoleña. Mucho nos tememos que se verán seriamente defraudados al respecto.
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