Acerca del Compromiso con los Derechos Humanos

Página 12 de hoy publica una nota en la que consta que “organismos de Derechos Humanos” han cuestionado la designación por parte de la Legislatura de Tucumán de un abogado como juez penal (click). Según Página 12, además, se trata de “un ‘golpe duro’ que forma parte de las políticas de ‘avasallamiento de los derechos humanos’ llevadas adelante por el gobierno actual”.

Al leer “avasallamiento de los derechos humanos” por parte del “gobierno actual” pensábamos que Página 12 se refería a la sanción de una ley penal retroactiva o a incitar a la policía a buscar delincuentes vivos o muertos. Muy grande fue nuestra sorpresa, sin embargo, cuando nos dimos cuenta de que Página 12 se refería a algo completamente diferente.

En efecto, si bien el título de la nota “Un juez comprometido con los genocidas” sugiere que el juez había cometido un genocidio y en la nota consta que “el nombrado no ha demostrado su compromiso con los Derechos Humanos”, del resto de la nota surge que el compromiso en cuestión—o la falta de dicho compromiso—es el de “haber defendido, en múltiples causas, a genocidas de la última dictadura cívico-militar” (el subrayado es nuestro). Al parecer, mientras era abogado defensor el ahora juez hasta tuvo el descaro de ser “el primero en pedir, ante la Justicia Federal, que se aplique el beneficio del 2x1” a un criminal de lesa humanidad (el subrayado es nuestro).

De ahí nuestra sorpresa. En efecto, no tiene sentido decir que proveer de defensa a un ser humano puede ir en contra de los derechos humanos o indica falta de compromiso con los derechos humanos. Es exactamente al revés. Jacques Vergès, o Alan Dershowitz, o incluso el proverbial abogado del Diablo que los teólogos solían designar durante sus discusiones medievales contra el Diablo, se habrían sorprendido de que alguien impugnara la designación de un juez penal porque dicha persona hubiese sido antes abogado defensor.

Hasta donde sabemos, según los tratados internacionales sobre derechos humanos (e incluso según quienes se han dedicado a estudiar el tema), los derechos humanos alcanzan a todos los seres humanos y es por eso que todos los seres humanos tienen derecho a ser defendidos entre otras cosa debido a que gozan del principio de inocencia, una garantía de la que se precian todos los sistemas jurídicos civilizados y de ahí la muy mala reputación que dicho principio y el garantismo en general gozaran durante el fascismo y el nazismo (cf., v.g., Si Ud. quiere una garantía, compre una tostadora).

Salta a la vista además que si negamos los derechos humanos de los condenados por crímenes de lesa humanidad (o de cualquier condenado para el caso), sus condenas dejan de ser el resultado de un juicio conforme al Estado de Derecho para aproximarse peligrosamente no solamente a los juicios de excepción tal como fueron instituidos en Nuremberg luego de una guerra por parte de los triunfadores con sus ejércitos de ocupación, sino a la propuesta jacobina en relación a Luis XVI.

En efecto, según Robespierre y Saint-Just no tenía sentido llevar a juicio a Luis XVI, ya que hacerlo implicaba que la posibilidad de que Luis XVI hubiese declarado inocente, lo cual implicaba a su vez que la Revolución era culpable. Lo que había que hacer era matarlo sin juicio. En este mismo sentido, Gabriel Naudé, creador a mediados del siglo XVII de la expresión “golpe de Estado”, creía que cuando alguien se vuelve “peligroso para el soberano”, se puede prescindir “de todas las formalidades de una justicia reglamentada, previendo que sea culpable” (Considérations politiques sur les coups d’estat, París, 1667, p. 191).

Además, si negamos derechos humanos tales como la presunción de inocencia y la defensa en juicio, tampoco nos va a resultar fácil distinguir entre un juicio penal y aquel chiste judío de Norman Erlich, en el cual una persona se encuentra con otra y le dice: “Che, me enteré de que se quemó tu negocio” y el otro le contesta: “no, callate, la semana que viene”.

En realidad, como muy bien creía Benjamín Constant, cuanto peor sea el crimen del cual nos acusan—y no hay nada peor que un crimen de lesa humanidad—mayores deben ser las garantías penales. Sin embargo, vivimos en una época en la cual procedemos al revés: cuanto más grave es el delito, menos énfasis ponemos en los derechos de aquellos contra quienes se pone en marcha el aparato punitivo del Estado. Peor aún, vivimos en una época en la cual una parte significativa de la población supone que alguien que cometió un delito puede haberse convertido eo ipso en un outlaw, alguien que está “fuera de la ley”, como reveladoramente dijera la Ministra de Seguridad en relación a los mapuches.

Se trate entonces de delitos comunes o especiales, asistimos al renacimiento de una doctrina medieval que durante la modernidad provocaba escozor con tan solo nombrarla, a saber la doctrina: "versanti in re illicita imputantur omnia quae sequuntur ex delicto", es decir, "al que esté involucrado en una cuestión ilícita se le imputan todas las consecuencias que se siguen del delito", incluso si dichas consecuencias son las que están precisamente en cuestión, al menos si razonamos jurídicamente.

De ahí que nadie pueda impugnar razonablemente un juez penal porque fue abogado defensor incluso del mismísimo Diablo, ya que equivaldría a impugnarlo por haber cumplido con su deber, a menos que se trate de una broma al estilo de Sacha Baron Cohen, que tanto disfrutamos por otro lado.

Convendría entonces revisar nuestras creencias y ver si realmente nos interesa el discurso de los derechos humanos—entre los cuales se encuentra, insistimos, entre otros, la presunción de inocencia, la defensa en juicio y la prohibición de leyes penales retroactivas—o si deseamos volver a una época en la cual no existía plenamente el Estado de Derecho. La decisión es enteramente nuestra.