Juicio y Castigo, ¿pero no Educación? (II)

Volvemos a lo que parece ser un verdadero caso de laboratorio (click). La posición según la cual la mera presencia de un genocida es moralmente revulsiva—lo cual es completamente cierto—podría hacernos creer que tampoco un juez o un fiscal podría tolerarlo y por lo tanto no podría siquiera ir a juicio.

Se podría sostener en ese caso que jueces y fiscales, a diferencia de docentes y alumnos, tienen el deber de tratar con esa clase de gente, pero docentes y alumnos no. Pero si la UBA comenzara a investigar la habilidad moral de sus alumnos, ¿debería excluir sólo a los criminales de lesa humanidad? Y si tiene sentido hacer distinciones morales entre los delincuentes, ¿no estamos concediendo que los criminales de lesa humanidad son algo más que criminales, y si este es el caso, qué son exactamente y cómo habría que tratarlos? (Rousseau, por ejemplo, creía que todos los delincuentes son enemigos y por lo tanto pueden ser condenados a muerte porque violan el contrato social). No hay que olvidar que la condena por crímenes de lesa humanidad incluye por suerte la mayor de las penas previstas en el código penal así como ciertas inhabilitaciones, pero no la inhabilitación para estudiar—ni siquiera para votar hasta donde sabemos. Prohibirles estudiar sería un castigo extra determinado por la UBA y debería hacer que nos preguntemos para qué sirven los castigos.

Por otro lado, negar la habilidad moral de un ser humano implica asimismo negar el sentido de implicarle castigo alguno, ya que la justificación de todo castigo tiene que pasar por razones que todo ser humano podría aceptar—incluso y sobre todo un genocida—, lo cual precisamente da sentido al castigo, y/o implica creer que entonces no hay límite alguno al tipo de castigo que se le pueda aplicar. Los mismos argumentos que se usaron en el o que subyacían al juicio deberían ser lo que se usarían en el curso universitario. De hecho, la inhabilidad moral sí puede impedir que un genocida, por intelectualmente capaz que fuera, enseñara. Pero de ahí no se sigue que por definición no tenga derecho a estudiar. Se podría ofrecer el argumento inverso: darles clase incluso a esta gente implicaría un triunfo de la razonabilidad y por lo tanto de la democracia—aunque ciertamente no es un tarea envidiable.

Los últimos argumentos mencionados en contra del derecho a la educación no despejan nuestras dudas (click). Un primer argumento supone que el derecho a la educación de los genocidas pone en peligro la existencia de la comunidad universitaria. Pero para eso, deberían estudiar o ir a clase armados, y hasta donde sabemos, están literalmente tras las rejas y no pueden tener armas. Un segundo argumento es que reconocer su derecho a estudiar sería “fuente de interminables conflictos y desavenencias internas y acabaría lesionando o destruyendo las condiciones indispensables para la convivencia comunitaria, que es la esencia de su institucionalidad”. Este argumento supone que sus compañeros o los profesores podrían ser persuadidos por los genocidas—nótese que no tenemos miedo de que sus abogados defensores convenzan a los jueces. En realidad, lo mismo podría aplicarse a quienes en la cárcel defendieran cualquier posición abolicionista: por ejemplo, quien sostuviera que algún delito (v.g. el robo, por no decir homicidio) debería ser abolido. Y sin embargo no por eso se deniega el derecho a estudiar de alguien semejante. U otro tanto se aplicaría a quienes negarían haber cometido delito alguno. En realidad, prohibirles estudiar a los genocidas podría aparejar que su status dejara de ser criminal para convertirse en político, algo que es contraproducente desde todo punto de vista. Es la superioridad moral misma de la comunidad que los ha castigado la que debería explicar por qué tienen derecho a estudiar. El único problema es encontrar docentes con estómago suficiente para cumplir con la tarea nada envidiable de enseñarles.