¿La Ley es la Ley? Entrevista en Tres Actos

Muchísimas gracias a Felipe Pérez-Solari, Lucía Solavagione y Felipe Vergara por esta maravillosa entrevista para Sistemas Sociales: click. Es algo así como la trastienda de La Ley es la Ley, un acompañante ideal del libro.

Facebook y la Libertad de Expresión en la Era de los DDHH

Se suele creer que “Schadenfreude”—la alegría por la desgracia ajena—es una de esas palabras alemanas tan precisas que captura un sentimiento característico de la naturaleza humana. Sin embargo, en La Causa de Catón no compartimos ese sentimiento, a pesar de que En Disidencia, un blog que nos hace la competencia (endisidencia.com), está censurado por Facebook hace dos meses.

Facebook acaba de hacer público que ha designado un comité de supervisión, compuesto por expertos en derechos humanos (NYT), que decide qué contenidos se publican en dicha red social, qué es lo que se puede expresar libremente.

Ciertamente, hay casos en los cuales la libre expresión puede provocar daños letales y no queda otra alternativa razonable que la tan vituperada censura romana. La gran pregunta es cuál es el daño letal ocasionado por En Disidencia que justifique o al menos explique la censura de Facebook, mantenida a pesar de repetidos reclamos. En otras palabras, la cuestión es por qué En Disidencia viola las normas internacionales en derechos humanos.

Según la declaración inaugural, En Disidencia “agrupa a un conjunto de profesores e investigadores interesados en defender” la idea de que el derecho es “un sistema institucional autoritativo, cuya tarea principal es la de resolver conflictos, siempre democráticamente al amparo del Estado de Derecho”, aunque, como se puede apreciar fácilmente, no todas las entradas están de acuerdo con el perfil del blog. Después de todo, como muy bien dice John Cleese en “La Clínica de la Discusión”, para que exista un debate alguien debe tomar la posición contraria.

En esta época en la que impera la idea del derecho como una forma de encontrar una decisión moralmente correcta, sea mediante una interpretación o la ponderación de principios, defender la autoridad del derecho (y por lo tanto su forma u origen antes que su contenido, o si se quiere, su contenido siempre en función de su forma u origen) suena demasiado irreverente, “heterodoxo”, digna de una serie de Netflix.

Si esta idea hoy en día suena heterodoxa eso se debe a la ortodoxia jurídica imperante en nuestra época, según la cual el derecho consiste en el descubrimiento de una respuesta correcta. Esta ortodoxia actual es de raigambre claramente medieval, característica de una época y una cultura que suponen que una parte considerable del mundo está de acuerdo sobre principios sustantivos de justicia.

En cambio, la idea de que el derecho consiste en un sistema institucional con autoridad es el resultado de tener que hacer frente a las guerras civiles de religión que desgarraron a la temprana modernidad ya que convirtieron al catolicismo en una de las marcas en el mercado, por lo cual tuvo que dejar de ser el genérico, a pesar de que conservara su nombre.

Da la impresión entonces de que hoy en día estamos viviendo un renacimiento de la concepción medieval del derecho y de una guerra civil global, al menos en el plano cultural, entre progresistas y conservadores, que se está librando en frentes como Facebook, como si en medio de un conflicto sobre la corrección de interpretaciones y principios tuviera sentido insistir en la corrección de la posición defendida.

Sin embargo, cuando los tribunales—que es el terreno predilecto de las teorías que conectan la normatividad del derecho con el razonamiento moral—tienen que enfrentar la oposición de quienes están en desacuerdo con el contenido de dichas decisiones, no tienen otra alternativa que sostener que la decisión está tomada y que proviene de un órgano jurisdiccional competente. En otras palabras, la argumentación que usan es jurídica, no moral, ya que apela a la autoridad. No se basa en la corrección de la respuesta o en la ponderación de principios, ni puede hacerlo, ya que lo que está en cuestión precisamente es tanto la corrección como la ponderación de la decisión.

Ese es el punto de las teorías del derecho que insisten en la autoridad del derecho antes que en su corrección o en la deliberación. Es por eso que son las únicas que pueden resolver los conflictos en sentido estricto, esto es, el desacuerdo entre posiciones genuinamente antagónicas.

La gran ironía, entonces, es que las teorías de la corrección y de la ponderación, parafraseando lo que Ernest Renan decía sobre san Pablo, son protestantes para sí mismas y católicas para los demás. Ellas se reservan “la revelación, el comercio sin intermediario con Cristo, la libertad de conciencia, el rechazo de toda jerarquía”. A los demás les toca “obedecer sin rechistar, obedecer… porque Cristo les había encomendado [a ellas] que los guiase” (v. La Ley es la Ley, Katz Editores, 2019, p. 175). Son una secta o una iglesia, según la oportunidad.

En realidad, la oposición entre conservadores y progresistas no es relevante para la teoría del derecho, o en todo caso provoca grandes confusiones. Todo derecho es conservador por naturaleza ya que se propone mantener un estado de cosas dado, incluso el estado revolucionario de cosas. Como muy bien decía Hannah Arendt, “El revolucionario más radical se convertirá en un conservador el día siguiente a la revolución”.

Podrán cortar todas las Leyes pero no detendrán al Positivismo

No es que seamos supersticiosos (como dice Don Corleone en la memorable escena en la cual se reúnen los jefes de las cinco familias en un hotel de Nueva York con el objeto de firmar un acuerdo de paz que permita el regreso de Michael Corleone, injustamente acusado de haber matado un oficial de policía), pero justo el mismo día en que empezaba la distribución de la segunda edición de La Ley es la Ley fue declarada una pandemia global. La OMS está investigando el papel del antipositivismo en todo esto. Mientras tanto, las buenas noticias son que la segunda edición ya está en la calle. Pídala en su kiosco amigo (muchas gracias a Lady Lorena Gonzalez Tocci por su amabilidad).

La Corte Suprema es un Tribunal (y otras Tautologías jurídicas)

Según el derecho vigente en Argentina, la Corte Suprema, si bien no es cualquier tribunal (después de todo es suprema), de todos modos sigue siendo un tribunal, y en tanto que tal su tarea es la de resolver controversias en un litigio, sujeta a una competencia determinada. En otras palabras, la Corte Suprema no es un seminario o taller de teoría del derecho.

Sin embargo, hay abogados que le piden a la Corte que se pronuncie sobre una supuesta duda constitucional, a pesar de que incluso si existiera dicha duda (un gran si como dicen en inglés), para que la Corte Suprema se pronuncie al respecto, dado que la Corte no es un consultorio (No hay caso), la aclaración tiene que surgir en ocasión de un litigio que sea competencia de la Corte Suprema (Certezas, incertidumbres y consultas).

Esto solía ser una tautología, pero ha dejado de serlo. Cuando la Constitución dispone que “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución”, es obvio que las “causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución” son las litigiosas (en el sentido jurídicamente relevante de la expresión, para usar otra tautología). De otro modo, hasta las entradas de este blog, en la medida que “versen sobre puntos regidos por la Constitución”, tendrían que ser aclaradas por la Corte Suprema.

Por suerte, en la disidencia parcial del Presidente de la Corte Suprema en el fallo “Fernández de Kirchner”, consta que “Esta Corte y los demás tribunales inferiores de la Nación son precisamente eso: tribunales donde, a la luz del derecho vigente, se discuten y deciden los agravios que las partes en una controversia puedan tener unas contra otras”.

Es natural preguntarse a qué se debe que algunas o mejor dicho tantas tautologías hayan pasado a mejor vida y/o que la Corte Suprema tenga que dar clases de educación cívica. La respuesta es que la discusión acerca del fallo “Fernández de Kirchner” es otra prueba del colapso de la frontera entre el derecho vigente y el derecho tal como nos gustaría que fuera. Este colapso, a su vez, se explica en gran medida por el colapso de otra frontera, a saber, la que separaba al derecho vigente de la teoría del derecho.

Si pudiéramos resumir en un párrafo la discusión en teoría del derecho, hay dos grandes maneras de entender qué es el derecho. La primera defiende la tesis según la cual, existe algo así como lo jurídicamente relevante en sí mismo, con independencia de quién lo diga. Por ejemplo, existe un derecho a X (o competencia de un tribunal para hacer algo), porque ese derecho está bien (o es bueno, valioso, razonable, conveniente, etc.). Hay algo en ese derecho que debe atraer nuestra atención, y por eso es un derecho (o competencia).

Se trata de una teoría del derecho que puede ser descripta como iusnaturalista, o para evitar confusiones (sobre todo a partir de la obra de John Finnis), quizás convenga denominarla anti-positivismo. Sus orígenes son claramente premodernos, fue muy popular durante la Edad Media y ha experimentado un verdadero renacimiento a partir de la segunda mitad del siglo XX.

El problema con esta forma de entender el derecho es que no es infrecuente la existencia de desacuerdos acerca de qué es valioso, bueno, conveniente, razonable, etc. Hay gente que defiende el derecho al aborto, mientras que hay gente que cree que el aborto es un delito. Si entendiéramos al derecho como aquello que es jurídicamente relevante en sí mismo, se transformaría en una ocasión para hacer aquello que se nos diera la gana, una variación del tema de la célebre máxima de Chavela Vargas.

Es por eso que, de acuerdo con la segunda tesis, no existen cosas jurídicamente relevantes en sí, sino que para poder hablar de la relevancia jurídica de lo que fuera, primero hay que tener en cuenta lo que alguien (ubicado en el tiempo y en el espacio) dice sobre el tema. Para esta tesis no es el contenido lo que distingue al derecho, sino su origen. En derecho, entonces, no es el qué, sino quién dijo que todo está perdido (o ganado para el caso).

Esta manera de entender el derecho, de origen distintivamente moderno, es la que corresponde al positivismo jurídico y es además ideal para resolver conflictos. Tal vez el mejor eslogan para ilustrar cómo funciona esta marca de teoría del derecho lo haya elaborado Thomas Hobbes: “authoritas, non veritas, facit legem”. No es la verdad, sino la autoridad, la que hace la ley.

La Constitución, entonces, es jurídicamente relevante porque proviene de la fuente apropiada (el poder constituyente), no porque sea la verdad revelada. Si existieran verdades reveladas jurídicamente relevantes, no haría falta la Constitución. Y de todos modos, hasta las verdades reveladas tienen que ser reveladas por alguien.

Por supuesto, por “alguien” no nos estamos refiriendo necesariamente a un ser humano en particular, sino a una institución. En realidad, aunque fuera un ser humano la persona indicada para crear derecho, eso mismo lo transformaría en una institución. El punto es que el derecho no es descubierto por sus características valiosas, sino creado por una institución.

Volviendo al caso “Fernández de Kirchner”, quizás hubiera sido conveniente o deseable que la Corte Suprema aclarara la supuesta duda, pero no todo lo que es derecho es conveniente o deseable, y—para bien o para mal—no todo lo que es conveniente o deseable es derecho.

Por supuesto, también hay consideraciones políticas que explican por qué la Corte Suprema no tiene competencia para aclarar (supuestas) dudas constitucionales de otro poder, que por lo tanto no caen dentro de su competencia. La división de tareas entre los poderes es parte constitutiva de la teoría de la democracia republicana. Dentro de la Constitución, y dicho en muy pocas palabras, el poder legislativo crea el derecho y los tribunales lo aplican. Los jueces no son superhéroes, entre otras cosas debido a que, como dice Hegel, la era de los héroes es anterior a la era de las constituciones.

Cabe recordar además que mientras que la Corte Suprema de EE.UU. (un país de 328 millones de habitantes) recibe unos 8000 expedientes por año y trata no más de 150, nuestra Corte Suprema (en un país de 45 millones de habitantes) recibe unos 38000 y trata unos 8000. En otras palabras, a nuestra Corte Suprema tampoco le sobra el tiempo para evacuar consultas.

Ciertamente, el derecho podría disponer la existencia de una institución encargada de evacuar consultas sobre la constitucionalidad de las disposiciones de los poderes del Estado, incluso de disposiciones hipotéticas o inexistentes, e incluso las propuestas de los seminarios y blogs de teoría del derecho. Pero, y ese es el punto, esa institución no es la Corte Suprema de la Nación Argentina.

Finalmente, alguien podría objetar que existen constituciones que no deben ser obedecidas por razones morales. En tal caso, entonces, que quede claro que el problema no es de interpretación ya que entendemos lo que exige la Constitución. Simplemente la vamos a desobedecer. Las cuentas claras conservan amistades y evitan confusiones.

El Fin en el Derecho (y cómo seguirlo durante una Emergencia)

Todo sistema jurídico, todo “derecho”, tiene un fin, como se desprende del título del famoso libro de Rudolf von Jhering, El fin en el derecho. Algunas cosas, de hecho, tienen dos, como dice aquel viejo chiste alemán: todo tiene un fin, excepto la salchicha, que tiene dos. Hablando de lo cual, se suele decir que Bismarck recomendaba a quienes les gustaban las leyes y las salchichas que no se fijaran en cómo se hacen.

El derecho también puede tener varios fines. Sin embargo, la única manera que tiene el derecho de cumplir con el fin o fines que sirve es la de abstraerse de tener en cuenta el fin o valor al que sirve al momento de ser puesto en práctica. Ese es el sentido mismo de contar con un sistema de reglas con autoridad.

Si para aplicar la regla en cuestión necesitáramos tener en cuenta el valor o fin que sirve, esa regla no tendría autoridad y entonces no nos serviría para mucho. Directamente iríamos en busca de ese valor sin intermediarios. Seguimos la regla, sin embargo, porque es el medio que nos conduce a nuestro fin, y la regla solo puede ser un instrumento útil si tiene autoridad.

Pensemos en el ajedrez. Sea cual fuere el valor o la función del ajedrez, los alfiles deben moverse en diagonal. En el caso del derecho, la independencia de la regla respecto al fin que sirve es todavía mayor que en el ajedrez, ya que, creo, mientras que en el ajedrez muy pocos discuten la conveniencia o el valor del movimiento diagonal del ajedrez, en el derecho es muy frecuente que el fin o valor de la regla sea puesto en cuestión.

Es precisamente por eso que en derecho las reglas, por así decir, son todavía más necesarias que en el ajedrez, ya que sirven para resolver conflictos entre valores o fines. Si la regla pretende tener autoridad, entonces para aplicarla no podemos apelar a las consideraciones que la justifican.

Estas consideraciones deberían indicar por qué no tiene sentido moralizar o politizar el derecho, es decir, sostener que la moral y la política deben figurar necesariamente, incluso sin invitación jurídica, en la ecuación jurídica para saber cuál es el derecho vigente.

Otra vez, esto no se debe a que el derecho no se dedique a fines morales o políticos, sino que precisamente porque lo hace no tiene sentido incluir al valor dentro de la regla, ya que si dicha inclusión tuviera éxito, entonces, si fuéramos razonables, nos desharíamos del intermediario—la regla—y actuaríamos directamente según el valor, o buscaríamos el fin sin los medios.

Por supuesto, la moral y la política entran en juego para saber si la regla es aceptable, justificada, buena, razonable, etc., pero no para saber si es jurídica.

De ahí que tal como hemos visto en tantas ocasiones en este blog, quienes moralizan o politizan el derecho, acercando el medio que es el derecho a sus fines morales y políticos, le impiden cumplir con su función. No nos puede extrañar entonces que en épocas de emergencia la aproximación entre el derecho y sus fines, o las reglas y los valores, sea todavía mayor.

En efecto, dado que el derecho es un medio para un fin, y el fin es la protección de la sociedad (o lo que fuera), en una emergencia la racionalidad medio-fin aparece en el centro de la escena en todo su esplendor. Da la impresión de que en una emergencia podemos ver de forma condensada, acelerada y claramente visible lo que sucede de todos modos en épocas de normalidad aunque en forma menos visible, intensa y rápida (v. Raymond Geuss, History and Illusion in Politics, p. 52). De ahí que varias de las últimas las decisiones gubernamentales (y no solo las gubernamentales) se apoyen cada vez más en consideraciones instrumentales (o de racionalidad medio-fin) antes que en razones normativas o regulativas. El razonamiento parece ser el siguiente: dado que el derecho apunta al fin F, cualquier cosa que apunta a F entonces es derecho.

Sin embargo, si durante una emergencia todavía estamos interesados en aplicar el derecho, no por eso podemos dar rienda suelta a la racionalidad medio-fin o sencillamente consecuencialista. En primer lugar, se supone que el derecho es lo que mejor nos permite alcanzar nuestros fines, y por eso contamos con un sistema jurídico. O para decirlo de otro modo, lo que tiene mejor consecuencias es seguir el derecho, no ignorarlo. En segundo lugar, durante una emergencia viene muy bien contar con un sistema de reglas que nos permita mantener la mente fría o a salvo de la desesperación. En tercer lugar, es el propio derecho el que prevé (cada vez más) situaciones excepcionales o de emergencia.

En resumen, si nos interesa aplicar el derecho, no tiene sentido que dado que estamos viviendo “situaciones excepcionales” entonces podemos tomar decisiones jurídicas excepcionales. Esto solía ser una tautología, pero evidentemente ya no lo es: para que una excepción sea jurídicamente relevante tiene que figurar en el derecho vigente.

Es bastante irónico—o quizás no tanto—que en el prólogo de 1921 a su libro sobre La Dictadura, haya sido Carl Schmitt quien mostrara su preocupación por los excesos a los que puede conducir el “finalismo” irreflexivo en el derecho. Si el derecho es meramente un medio para fin, esto es, si en el fondo no tiene autoridad, entonces la excepción, es decir, “la guerra contra el enemigo externo y la supresión de un levantamiento en el ámbito interno no serían estados de excepción, sino el caso normal ideal, en el que el derecho y el Estado desarrollan directa y enérgicamente su carácter instrumental (Zweckhaftigkeit)”.

En conclusión, no podemos entonces usar la emergencia como una excusa para ignorar el derecho vigente. Y en todo caso, si no vamos a aplicar el derecho, que quede claro que estamos haciendo precisamente eso.

Un Pensador de Excepción: Carl Schmitt en medio de la Pandemia

Si hay una palabra que se ha vuelto frecuente en las últimas semanas, para no decir meses, esa palabra es “excepción”, la cual, a su vez, está asociada casi inevitablemente con otra palabra: “Schmitt”.

Schmitt siempre se entendió a sí mismo como un jurista. Ciertamente, supo ser catedrático de derecho positivo (por ejemplo, administrativo) e incluso ejerció la profesión. Basta recordar su participación en el así llamado “Preußenschlag” (“golpe de Prusia”), en el que representara al Estado alemán en el caso Prusia vs. Reich de 1932.

Sin embargo, sus cátedras fueron principalmente de teoría política y del derecho, y su métier principal fue siempre—incluso durante su adhesión al nazismo—el de la teoría del derecho, antes que el del derecho propiamente dicho (por no decir derecho positivo). Hoy en día, esta diferencia no suele hacer mucha diferencia, ya que en el último tiempo ha colapsado la distinción entre la teoría del derecho y el derecho vigente.

Lo que sigue, entonces, debe ser considerado como una descripción en muy breves y gruesos trazos de la teoría schmittiana de la excepción. Cualquier semejanza con el derecho vigente es una mera coincidencia.

Si hay una cuestión que atraviesa casi toda la obra de Schmitt, es la de la realización del derecho, la cual figura ya en 1921 en el prólogo de su primer gran libro, La Dictadura (p. xx), que tanto le interesara, entre otros, a Walter Benjamin. Es natural que surja entonces la siguiente pregunta: si a Schmitt le interesaba esencialmente la realización del derecho, ¿por qué le dedicó tanto tiempo a la excepción?

La respuesta es que Schmitt defiende un concepto bastante generoso o amplio del derecho. Para Schmitt, el derecho no se agota en un conjunto de reglas y principios que se remontan a una fuente—él solía designar como “normativismo” esta manera de entender al derecho—, sino que una teoría genuina del derecho tiene que incluir necesariamente la excepción, y de ahí su interés por la dictadura, la guerra, la revolución, etc.

Por supuesto, Schmitt no niega que el derecho cumple una función muy importante al ocuparse de la situación “normal”, como solía llamarla él, en la cual las normas estaban a cargo, pero un jurista también tenía que estar preparado para poder hacer frente a la excepción en lugar de sostener que la misma emerge cuando se acaba el derecho (lo cual era una manera frecuente de entender al derecho durante la época de Weimar).

De ahí que, siguiendo a Schmitt, podemos distinguir al menos tres grandes clases de razonamiento jurídico. Por un lado, en un extremo del “cuadrilátero”, el razonamiento jurídico normal u ordinario, que se nutre fundamentalmente de la Constitución (aunque Schmitt tal vez preferiría hablar de las leyes constitucionales), los diferentes códigos, leyes en sentido estricto, etc.

Por el otro lado y en la otra esquina, se encuentra el razonamiento jurídico de excepción, la situación central de la cual es tratada por Schmitt en su celebrada Teología Política (que también atrajo considerablemente el interés de Walter Benjamin, entre otros), cuyo inicio se ha vuelto legendario: “El que decide sobre el estado de excepción es soberano”. La función del razonamiento jurídico de excepción es la de conservar la normalidad, aunque para lograrlo tenga que apartarse de ella temporalmente.

En realidad, el razonamiento jurídico contiene verdaderas zonas intermedias, en el medio del cuadrilátero, entre la normalidad y la excepción, en las que la normalidad trata de regular o domesticar a la excepción, del mismo modo que algunas personas adoptan leones para convivir e incluso suben algunos videos alusivos a YouTube. Se trata de una decisión que puede llegar a ser bastante riesgosa.

La necesidad, que tiene cara de hereje, es una residente habitual de esta zona intermedia. De ahí que haya normas jurídicas que incluyen la necesidad como una razón valedera para apartarse de otras disposiciones. El Guardián de la Constitución de Schmitt trata precisamente sobre los decretos de necesidad sobre finanzas, economía, etc.

Es en este espacio de excepción donde habría que ubicar a los reveladoramente llamados “decretos de necesidad y urgencia”, que suelen ir acompañados de “circunstancias excepcionales”, los cuales operan como si fueran leyes, aunque o debido a que se supone que, para usar la expresión de Schmitt, en un Estado legislativo, el único poder que puede dictar leyes en sentido estricto es precisamente el legislativo.

La idea de un decreto con fuerza de ley da lugar a una asimetría: si bien el Poder Ejecutivo puede dictar decretos que operan como leyes, el Poder Legislativo no puede dictar leyes que operen como decretos.

Fueron cuestiones como estas las que hicieron que Schmitt se interesara por la distinción entre las nociones formal y material de la ley. ¿Por qué las leyes suelen tener tan buena prensa? ¿Esto se debe a que tienen como origen—si tenemos suerte—el Congreso, es decir a consideraciones formales? ¿O en realidad esto se debe a que el Congreso, a su vez, nos asegura ciertos valores de contenido, como por ejemplo racionalidad, igualdad, justicia, etc.?

En todo caso, los decretos de necesidad y urgencia crean deberes cuasi-legislativos. Por ejemplo, supongamos que durante una pandemia el Poder Ejecutivo dictara un decreto de necesidad y urgencia por el cual quedara prohibido salir a la calle, salvo ciertas excepciones. Si los decretos de esta clase operan con fuerza cuasi-legislativa, hasta los mismos legisladores podrían verse impedidos de salir a la calle para cumplir con su tarea característica si no se vieran contemplados en las excepciones a la prohibición, básicamente por las mismas razones que explican por qué los legisladores tienen el deber de cumplir con las disposiciones que ellos mismos establecen.

Sin salir por supuesto de la zona intermedia—aunque ya extendiéndonos hacia sus confines—encontramos el estado de sitio (y sus parientes más recientes como el estado de emergencia, alarma y literalmente de excepción), algo bastante parecido al león domesticado mencionado más arriba.

Ciertamente, la legislación de los últimos tiempos ha tendido a recortar el alcance del estado de sitio supeditándolo fundamentalmente al control judicial. Sin embargo y en aras de la argumentación al menos, para que tenga sentido, por ejemplo, distinguir entre un decreto de necesidad y urgencia y el estado de sitio, el propio control judicial debe ser bastante acotado en el caso del segundo.

En efecto, si a los decretos de necesidad y urgencia les gusta el durazno, tienen que aguantar la pelusa: si los decretos de necesidad y urgencia aspiran a tener un status cuasi-legislativo, por así decir, entonces tienen que estar expuestos a revisión judicial, tal como suelen estarlo las propias leyes.

Por otro lado, del hecho de que sean los jueces los que tienen la última palabra sobre la excepción legal, no se sigue que la excepción haya desaparecido, sino simplemente se sigue que son los jueces quienes tienen la última palabra al respecto.

Finalmente, llegamos a lo que Schmitt entiende es el hábitat natural de la excepción, es decir, el momento en que emerge el caso central de la excepción, que por definición es imprevisible y por lo tanto no puede figurar en norma o regla alguna, lo cual es el objeto de estudio de la Teología Política.

Es este el momento en que el león sale de la jaula, el genio de la lámpara, o la metáfora que nos caiga mejor. No es casualidad que en este punto hemos dejado atrás la Teoría de la Constitución de Schmitt para entrar decididamente en la Teología Política. Aquí el orden jurídico puede dejar de ser protegido por la excepción, para ser reemplazado por ella. La gran pregunta, por supuesto, es cómo sabemos cuándo la excepción cambia de carácter y la conservación se transforma en una revolución. Después de todo, hay apariencias que engañan.

El Interpretativismo es el Interpretativismo

Nunca nos vamos a cansar de repetir que, tal como lo dice el personaje de Tom Hanks en “Tienes un email”, “El Padrino” es como el I Ching. Ahí está todo.

Por ejemplo, mientras preparaba a Michael para que lo sucediera en el mando de la familia, Don Corleone le advertía que eventualmente alguien de confianza le iba a proponer una reunión con los jefes de otras familias en un territorio neutral, y ahí mismo lo matarían. Por supuesto, eso es exactamente lo que sucede en la película, pero gracias a los consejos de su padre Michael supo reaccionar correctamente.

A raíz de la discusión originada por el 2 x 1, en este blog comenzamos a advertir los peligros que conlleva el interpretativismo como filosofía del derecho, los cuales consisten básicamente en su moralización y/o politización. Recordemos que para el interpretativismo el derecho debe ser interpretado siempre, dicha interpretación es moral y finalmente los jueces son co-autores del derecho que aplican.

Salta a la vista que el gran campeón del interpretativismo es Ronald Dworkin, quien no ha hecho precisamente un secreto de su defensa de estas tres grandes tesis. En general, al menos en ciertos ámbitos, la tesis de Dworkin suele caer muy bien porque compartimos sus ideas políticas. Como dice Roger Scruton, “Para Dworkin, como para los escritores del New York Review of Books en general, la posición liberal de izquierda era tan obviamente correcta que le correspondía al conservador refutarla”. En otras palabras, el atractivo del interpretativismo en gran medida se debe a su inherente moralización y politización del derecho.

Lo que algunos parecen haber pasado por alto, por increíble que parezca, es que esa misma moralización y politización puede ser aprovechada por quienes no piensan como nosotros, precisamente porque cuentan con una moralidad política diferente. Siguiendo con nuestra propia trompeta: “Por alguna razón, hoy en día el interpretativismo suele estar acompañado por el progresismo, pero, como se puede apreciar, no hay nada que impida que el interpretativismo, o si se quiere el activismo judicial, juegue para el equipo contrario. En otras palabras, en derecho el ‘giro lingüístico’ puede doblar a la izquierda o a la derecha. Todo depende de quién maneje el volante” (La ley es la ley, p. 152). Como Aurora, o Casandra como muy bien acotara hace poco en Twitter el Dr. Antonio Bermejo, adelantábamos el futuro.

De ahí que la irrupción del interpretativismo de derecha o conservador en el fondo sea tan sorprendente como lo fue la del COVID-19. Era obvio que iba a suceder, si no es que viene sucediendo hace tiempo.

Por supuesto, nos estamos refiriendo al reciente artículo de Adrian Vermeule, en el cual defiende el “constitucionalismo del bien común” apelando a la metodología dworkiniana, si bien “aboga por un conjunto muy diferente de compromisos y prioridades morales a las de Dworkin, las cuales se inclinaban convencionalmente hacia la izquierda” (click). Después de todo, si Dworkin puede proponer una “lectura moral de la Constitución”, ¿por qué no puede hacerlo Vermeule?

Si hay que interpretar el derecho siempre, dicha interpretación es moral y además en gran medida proviene de la co-autoría judicial, ¿de dónde viene la seguridad de que la interpretación moral de autoría judicial va a ser la nuestra? Si, encima, dicha seguridad se origina en la existencia de una respuesta correcta y/o de la integridad del derecho, es obvio que ni la corrección ni la integridad pueden ser muy útiles ante los grandes desacuerdos que el propio Dworkin invoca para justificar su teoría, desacuerdos que engloban tanto a la corrección de la respuesta como a la integridad del derecho.

Una metodología en sí misma no puede asegurarnos los resultados valorativos o normativos que esperábamos, y si lo hace es porque estamos haciendo trampa. Es hora entonces de concentrarse en una metodología que disponga de autoridad, con independencia de sus resultados. Después de todo, es precisamente para eso que existe el derecho, particularmente en épocas como las nuestras, en las que el desacuerdo político es constitutivo de nuestras sociedades.

Woody Allen: ¿Negocios, Moral o Política?

Mientras esperamos que tenga éxito la campaña contra el virus biológico, quizás sea una buena idea seguir pensando acerca de la viralización moral que está experimentando nuestra cultura, tal como lo muestra la discusión acerca de la publicación de las memorias de Woody Allen (click).

La nota reciente de Maris Kreizman, “El libro de Woody Allen podría señalizar una nueva era en la industria editorial”, es un muy buen ejemplo.

Su comienzo es bastante revelador: “La semana pasada la industria editorial aprendió la potencia del rechazo—que las malas decisiones de negocios tienen consecuencias”. Al final de la nota consta que “simplemente al escuchar y evaluar las preocupaciones de los empleados de menor nivel… las editoriales tienen la oportunidad de evitar la toma de malas decisiones de negocios antes incluso de que los contratos sean firmados”.

Llama la atención la referencia a los “negocios”. En primer lugar, la idea de que la decisión de firmar un contrato con Woody Allen para publicar sus memorias es una mala decisión de negocios es absolutamente circular. De hecho, se parece a aquel chiste judío que solía contar Norman Erlich y que ya hemos mencionado alguna vez en este blog (particularmente en relación a leyes penales retroactivas): dos personas se encuentran en la calle y uno le dice al otro: “me enteré de que se quemó tu negocio” y el otro le responde: “no, callate, la semana que viene”.

Si fuera cierto que era una mala decisión de negocios debido a que nadie iba a comprar el libro, entonces la protesta de los empleados no tiene sentido. La protesta misma implica que el libro se iba a vender, lo cual muestra que no era una mala decisión de negocios. La propia autora sostiene que “los libros que son comercialmente viables no son necesariamente buenos simplemente porque existe una audiencia para ellos”.

En realidad, la decisión editorial de rescindir el contrato no fue una decisión de negocios en sentido estricto, sino que se trató de una decisión moral (si es que la editorial terminó compartiendo el principismo de sus empleados) o directamente de una decisión prudencial o en todo caso motivada por las consecuencias del rechazo de los empleados.

En cuanto a que “los empleados de los niveles más bajos tienen más poder del que hubiéramos creído previamente”, se trata de una consideración que indica que las memorias de Woody Allen están atrapadas por así decir en una discusión política o de poder antes que propiamente moral y que Woody Allen también es mucho menos poderoso de lo que hubiéramos pensado.

La discusión política o de poder es acerca de quién toma las decisiones acerca de qué publicar en una editorial privada: “es la primera vez en la historia reciente que los empleados de una editorial corporativa han recurrido a la acción colectiva para expresar su desaprobación de las decisiones de la administración. Y funcionó”, ya que “los empleados de los niveles más bajos tienen más poder del que hubiéramos creído previamente”.

“Lo que es todavía más importante”, continúa la nota, “la cancelación del libro de Allen señala un cambio radical en una industria notoriamente jerárquica en la cual la administración tomaba las decisiones y los trabajadores se esperaba que cumplieran con ellas”.

Dado que—se trate de una institución privada o pública, capitalista o socialista—quienes forman parte de la administración toman las decisiones y los demás cumplen con ellas, para evitar la redundancia (y/o la creencia de que puede existir la acción colectiva sin administración o toma de decisiones) el punto de la nota podría ser que la administración editorial puede ser más o menos incluyente.

Sin embargo, inmediatamente a continuación leemos que “hace mucho que los editores de libros se ven a sí mismos como los guardianes de la libre expresión, bastiones de pureza moral cuyo imperativo es publicar todos los flancos de una discusión y todos los puntos de vista” [énfasis agregado], lo cual combina el aspecto político o jerárquico de quién decide lo que va a ser publicado con el aspecto moral o de contenido de qué es lo que va a ser publicado.

El final de la nota confirma la moralización en cuestión: “es reconfortante saber que la deshonra pública funciona, y que si las editoriales no tienen la claridad moral de determinar cuáles voces no requieren una amplificación mayor, sus empleados pueden servir como control” [énfasis agregado]. No se trata entonces tanto o solo de negocios, sino de moral.

Ciertamente, los empleadores no suelen ser lo que se dice bastiones de pureza moral ni faros de claridad moral. La pregunta, sin embargo, es: ¿por qué los empleados están tan seguros de contar con suficiente claridad moral como para negarse a publicar un libro? Conviene recordar que Woody Allen todavía no ha sido condenado penalmente y que incluso los convictos, si bien ven limitada su libertad de movimiento, no por eso pierden automáticamente sus demás libertades.

La ironía es que, tratándose de una institución privada, la editorial está mejor pertrechada argumentativamente que los empleados para negarse a cumplir el contrato con Woody Allen, ya que puede invocar que en tanto que institución privada tiene derecho a decidir qué va a publicar o no. Por supuesto, podemos estar en contra de la propiedad privada, pero es otra historia.

La moralización, en cambio, acerca de un autor y/o del contenido de lo que publica, en el fondo es bastante confusa y puede eclipsar la discusión más importante, es decir, quién decide. Pero entonces, si la discusión fuera sobre el sujeto de la decisión antes que sobre su objeto, una vez que diéramos con el sujeto apropiado jamás podríamos evaluar—positiva o negativamente—una decisión acerca de qué libros han de ser publicados.

Dado que hay libertades de por medio, deberíamos abstenernos de caer en la moralización de lo que en el fondo son discusiones políticas. Por supuesto, esto mismo es un juicio moral. Pero en sociedades medianamente complejas como las nuestras, por no decir cualquier sociedad que haya abandonado la caza y la recolección como formas de organización social, es la propia moral la que nos exige someter una parte considerable de nuestras decisiones al razonamiento institucional. De otro modo, caemos en el peor de los escenarios: instituciones que actúan al servicio de la moralidad de cazadores y recolectores, es decir, según la cara del cliente, y no según sus libertades.    

Woody Allen o Réquiem para el Liberalismo

Finalmente, Hachette, la única editorial que había aceptado publicar la autobiografía de Woody Allen luego de que otras cuatro la hubieran rechazado, ha decidido rescindir su contrato luego de que muchos de sus empleados se negaran a llevar a cabo ese proyecto.

El quite de colaboración no se debe a cuestiones gremiales, sino a que los empleados no están de acuerdo con el contenido de lo que iban a publicar. Lisa y llanamente, están en contra de que Woody Allen pueda expresar sus ideas debido a las acusaciones que pesan sobre él.

Conviene tener en cuenta que para que exista discriminación o no se respete la libertad de expresión, no solo es relevante el resultado, sino que además es decisiva la razón por la cual sucede el resultado. Un bar no podría justificar su negativa a dejarnos entrar porque hay otro en el cual somos bienvenidos. Es natural preguntarse por qué no nos dejan entrar y no solo conformarse con un resultado similar en otro lugar.

Es importante destacar además que por ahora se trata de acusaciones, ya que Woody Allen no ha sido condenado penalmente todavía, y, como se solía creer en el mundo civilizado, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

No deja de ser bastante irónico que en una época en la cual los condenados por delitos penales ganan cada vez más derechos—o en todo caso mantienen los que tenían—, Woody Allen no pueda publicar su autobiografía.

Salta a la vista que actualmente la moralización de la política es total. Es suficiente que alguien sea inmoral, o haya cometido un acto inmoral para que este alguien, a pesar de ser humano, no pueda ejercer un derecho no menos humano. ¿No podría acaso el diablo, si sucediera que fuera humano, publicar sus memorias?

Es curioso que se hable de “corrección política” para describir esta clase de actitud, ya que hay muy pocas cosas menos políticas que moralizar el espacio público. La responsable de lo que sucede es otra clase de corrección, que para no provocar equívocos convendría denominar “moralista” antes que “moral.

Se supone que la justificación de la exclusión de Woody Allen se debe a que es poderoso, en una época en la cual todo poder es sospechoso (Carl Schmitt alguna vez apuntó: “A una persona sin poder yo le diría: no creas que ya sos bueno por el solo hecho de que no tenes poder”).

Sin embargo, hay que tener poder para lograr que varias editoriales rechacen un libro y sobre todo para lograr que la editorial que finalmente había firmado un contrato para publicarlo lo rescinda. De ahí que, dependiendo de quién lo ejerza y/o contra quién se ejerza, el poder o los poderosos no sean tan antipáticos como parecen. A veces la moralización no es sino la otra cara de la hipocresía.

Alguien podría argumentar que lo que logró que Woody Allen no publique sus memorias no es poder, sino otra cosa. Pero entonces, sea cual fuera esta otra cosa, sin duda tiene más poder que el poder, o es tanto o más preocupante que el poder.

Stephen King comentó que “la decisión de Hachette de abandonar el libro de Woody Allen me pone muy intranquilo. No es él; el Sr. Allen me importa un comino. Lo que me preocupa es quién será el próximo amordazado”. Quizás King quiso decir otra cosa, pero si tomamos literalmente sus palabras, si estuviéramos seguros de que Woody Allen sería el único ya que nadie más estaría afectado, entonces la decisión de la editorial sería kosher. Pero entonces, que quede claro: Woody Allen no tiene derechos.

En realidad, habría que invertir el punto de King: si Woody Allen no logra publicar, ¿qué pueden esperar los demás?

Woody Allen debería haberse puesto en contacto con la editorial o editoriales que publican sin mayores problemas, por ejemplo, “Mein Kampf” o la obra de Mao, o por qué no, Duncker & Humblot, la editorial que ha publicado la mayor parte de la obra de Carl Schmitt, o Vittorio Klostermann, la editorial que publica las obras completas de Martin Heidegger, el maestro de Jacques Derrida, creador de la deconstrucción.

O tal vez Woody Allen debería haber intentado ser condenado, ya que a veces un condenado puede tener derechos que no tiene una persona que todavía es considerada inocente.

Roger Scruton, un Hereje muy Ortodoxo

Roger Scruton (1944-2020) era—o mejor dicho todavía es—una verdadera bête noire, un intelectual que se enorgullece de la incorrección política de ser un conservador o si se quiere un pensador de derecha, en una época en la cual muy pocos se animan a hacer algo semejante, lo cual indica además que Scruton es una verdadera rara avis.

En las palabras de Scruton: “Una vez identificado como de derecha Ud. está más allá de los límites de la discusión; sus ideas son irrelevantes, su carácter es desacreditado, su presencia en el mundo es un error. Ud. no es un oponente con el que discutir, sino una enfermedad que ha de ser evitada”.

Por supuesto, no solo se trata de alguien que muchos aman odiar, sino que sus opiniones molestan porque suelen estar muy bien argumentadas, haciendo gala de su formación filosófica anglosajona con su correspondiente claridad y precisión. Su obra se extiende desde Kant hasta el pensamiento político en general, pasando por la estética y el arte, la música, la arquitectura, la religión e incluso la caza del zorro, y como conservador que era entre otras cosas fue un activo militante a favor del Brexit.

Quizás podamos resumir el conservadurismo político de Scruton en la frase siguiente de su libro sobre el pensamiento de la nueva izquierda, Tontos, fraudes y agitadores: “si las condiciones del conflicto residen, como evidentemente lo hacen, en la naturaleza humana, entonces esperar su remoción es albergar una esperanza inhumana y moverse hacia la acción inhumana”. De ahí que “las revoluciones comienzan por encerrar la realidad en Neolengua, y a partir de ese momento son atormentadas por el miedo de que la realidad escape de su encierro y devenga visible tal como realmente es”.

Según Scruton, su ideología le costó su carrera universitaria. De hecho, la editorial de uno de sus libros—Longman—recibió una carta en relación al libro Pensadores de la nueva izquierda (publicado en 1985, que sirviera de base a Tontos, fraudes y agitadores de 2015), en la cual un filósofo académico de Oxford decía que “muchos colegas aquí sienten que la respetada editorial ha mancillado su reputación debido a su asociación con la obra de Scruton” y expresaba su deseo de que “las reacciones negativas generadas por esta aventura editorial particular hagan que Longman piense más cuidadosamente sobre su política en el futuro”.

Gerald Cohen—cuyas credenciales de izquierda son difíciles de negar—ilustró un trabajo suyo en defensa del conservadurismo valorativo con un meta-chiste (o un chiste dentro de otro) sobre el All Souls College, una institución con fama de ser bastante conservadora y además el colegio quizás más prestigioso de Oxford al cual pertenecía Cohen:

“Profesor Cohen, ¿cuántos miembros del All Souls hacen falta para cambiar una lamparita?”
“¿Cambiar?”

Cohen tal vez se vio forzado por las circunstancias a escribir en defensa de cierto tipo de conservadurismo ya que en nuestra época se ha reforzado notablemente el espíritu progresista, es decir, la idea de que todo progreso es valioso y toda conservación es sospechosa, para no decir nada de un retroceso y mucho menos de la reacción.

Es curioso que el progreso o avance merezcan tan buena prensa—y el retroceso lo contrario—con independencia de hacia dónde estemos yendo. No solo se trata de una cuestión espacial, sino que lo mismo sucede con el tiempo ya que la idea misma de futuro cuenta con mucho mejor prensa que el pasado. Creemos por definición que el progreso y el futuro están bien y que el retroceso y el pasado están mal, ya que nociones formales o independientes de contenido tales como el espacio y el tiempo tienen adosado un contenido positivo o negativo inexorablemente por el solo hecho de ser tales.

Esto se debe originaria y bastante irónicamente (teniendo en cuenta el descrédito que suele tener hoy en día la teología) a que la filosofía moderna de la historia está imbuida de la noción providencial del cristianismo que suponía un camino inexorable hacia la redención final, de ahí que el progresismo sea una forma secularizada del cristianismo.

En rigor de verdad, no somos tan progresistas o revolucionarios como creemos, sino que todo suele depender del orden social y político al que nos estemos refiriendo. Hannah Arendt ya había notado que “El revolucionario más radical se convertirá en un conservador el día siguiente a la revolución”. A ella misma le sucedía que “la izquierda piensa que soy conservadora y los conservadores algunas veces me consideran de izquierdas, disidente o Dios sabe qué”, muy probablemente debido a que, como buena republicana, Arendt no defendía la revolución permanente ni el orden permanente para el caso, sino que trataba de basar su razonamiento político en la idea de juicio.

El propio conservadurismo de Scruton no impidió que corriera grandes riesgos al formar parte de un programa clandestino de enseñanza de filosofía en Checoslovaquia bajo el régimen comunista, por lo cual fuera finalmente deportado, aunque luego de la caída del régimen fue condecorado en 1988 por el gobierno de la República Checa y por la misma razón.

Ciertamente, así como en algunos círculos ser de “derecha” o “conservador” es digno de oprobio, otro tanto sucede en otros ámbitos con ser de “izquierda” o “progresista”. El caso de Scruton debería servirnos de advertencia. Sin duda, las ideologías son muy importantes, pero si nos interesa pensar debemos tener en cuenta que el mundo se divide entre quienes son inteligentes y por lo tanto interesantes, y quienes no lo son. La ideología en el mejor de los casos podrá ser un indicio en el que confiamos debido a nuestros propios prejuicios, pero, si somos verdaderamente inteligentes, jamás puede tener la última palabra.

Presentación de "La Ley es la Ley" (de Katz Editores) en la Facultad de Derecho de la UBA

Dos Reseñas de "La Ley es la Ley"

Mientras se acerca la presentación del libro, o mejor dicho presentaciones (click), nos han hecho llegar las dos primeras reseñas de La Ley es la Ley. Una escrita por Guiyo Jensen y la otra por Juan Orso. Queda Ud. debidamente notificado.

Hagamos el Derecho, no la Guerra

En los últimos tiempos hay una expresión que se ha puesto de moda en el ámbito del derecho. Se trata de “lawfare”, una palabra que podría ser traducida algo literalmente como “guerrecho”, ya que es una mezcla de las palabras “guerra” y “derecho”.

Originariamente, la expresión fue utilizada en el ámbito académico-militar estadounidense para describir el comportamiento de quienes habían sido vencidos en una guerra convencional por los EE.UU. y no tenían más alternativa que continuar la guerra por otros medios, como por ejemplo acusando infundadamente al vencedor de haber violado los derechos humanos de los vencidos.

Hoy en día, en cambio, la expresión suele ser empleada por quienes no suelen tener una opinión muy favorable sobre los EE.UU. para designar la situación de una figura esencialmente política que es perseguida judicialmente a los efectos de impedir que triunfe democráticamente, lo cual viola obviamente todos los principios del Estado de derecho.

En ambos casos, se trata de un mecanismo que crea un chivo expiatorio mediante el cual se desvía la atención de los defectos propios y las virtudes ajenas, o si se quiere, se intenta convertir los defectos propios en virtudes y las virtudes ajenas en defectos.

En este contexto no debemos olvidar la puesta en práctica del así llamado “derecho penal del enemigo” que consiste en denegar derechos y garantías fundamentales de los acusados, tales como la prohibición de usar la prisión preventiva como un adelanto del castigo y, por supuesto, la sanción de leyes penales retroactivas.

En rigor de verdad, el “lawfare” no inventó nada nuevo. Hace más de un siglo que el padre oratoriano Laberthonnière, fallecido en 1932, advertía que “la máxima: ‘es la ley’, no difiere en nada en el fondo de la máxima: ‘es la guerra’”. Tanto los conservadores como los revolucionarios pueden aprovecharse de la legalidad para perseguir a sus enemigos.

Hablando de enemigos, es indudable que existen genuinas víctimas de persecuciones absolutamente infundadas, tal como lo muestra por ejemplo el célebre caso Dreyfus. La cuestión, por supuesto, es si toda persona políticamente influyente que es acusada ante un tribunal se convierte por este solo hecho en víctima de "lawfare".

Para poder determinar este punto es imprescindible tener en cuenta las dos variantes de la muy antigua discusión acerca de si es mejor el gobierno de las leyes o el de los seres humanos, que como se puede apreciar ya contiene el núcleo de lo que está en discusión en estos días.

Por un lado, es muy conocida la máxima—que se remonta por lo menos hasta el pensamiento político griego clásico—según la cual es preferible el gobierno de las leyes al de los seres humanos. Se supone que las leyes representan la razón, con todo lo que ella implica (generalidad, imparcialidad, coherencia, previsión, etc.), mientras que los seres humanos se caracterizan por actuar arbitrariamente.

Por el otro lado, obviamente, no pocos se preguntarán de dónde viene la tan buena prensa del gobierno de la ley, dado que las leyes son hechas precisamente por seres humanos y además—que en el fondo tal vez sea lo decisivo—las leyes también son aplicadas por seres humanos. De ahí que el mejor sistema de reglas e instituciones no servirá de nada si no contamos con jueces capaces de subordinar sus deseos y su ideología—en una palabra sus decisiones—a la autoridad del derecho.

Como dijera recientemente Neil Gorsuch, juez de la Corte Suprema de los EE.UU.: “El rol de los jueces es aplicar, no alterar, el trabajo de los representantes del pueblo. Un juez que le gusta cada resultado que alcanza es muy probablemente un mal juez, que se estira hacia los resultados que prefiere antes que aquellos que el derecho demanda”.

Después de todo, otra forma de perjudicar a los adversarios políticos empleando medios jurídicos consiste en llamar “interpretación constitucional” a lo que es evidentemente una violación de la Constitución, como por ejemplo cuando los tribunales constitucionales autorizan reelecciones indefinidas a pesar de que están prohibidas por la ley de leyes. Si realmente nos preocupa la utilización del derecho con fines partidarios, dicha preocupación no puede ser selectiva o sensible exclusivamente en relación a nuestros partidarios.

De ahí que si realmente deseamos que los jueces vayan de casa al trabajo y del trabajo a casa, de tal forma que no se metan en política sino que apliquen solamente el derecho, necesitamos contar con jueces independientes que crean genuinamente en la supremacía de la Constitución y de la ley, con independencia de sus propias creencias e ideología. Es la única manera de vivir en un genuino Estado de derecho.

Fuente: Clarín

La Ley es la Ley y las Presentaciones son las Presentaciones

La Causa de Catón y Katz Editores tienen el agrado de anunciar no la presentación (no podía ser tan simple, sino que, como era de esperar, es mucho más complejo), sino las dos presentaciones de La Ley es la Ley.
La primera presentación tendrá lugar el 26 de noviembre a las 18, en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y oficiarán como presentadores Mirna Goransky, Jaime Malamud Goti, Daniel Pastor y Carlos Rosenkrantz.
La segunda presentación tendrá lugar el 4 de diciembre a las 18:30, en la sede Capital de la Universidad de San Andrés (Riobamba 1276), y los presentadores serán Martín Farrell, Lucas Grosman y Florencia Saulino.
Ud. puede concurrir a ambas o elegir por supuesto aquella que se le aparezca en su mejor luz. Dentro de poco comunicaremos más detalles al respecto.
Queda Ud. debidamente notificado.

La Ley es la Ley: Introducción. En Busca del Positivismo perdido

La Causa de Catón se complace en anunciar la publicación de un libro de filosofía del derecho de prosapia indudablemente republicana: La Ley es la Ley, una especie de continuación de Razones Públicas por otros medios. Aquí un adelanto con el índice y la introducción: En Busca del Positivismo perdido. En breve daremos a conocer cuándo será la presentación. Muchas gracias.