viernes, 2 de febrero de 2018

¿Estado o estado de naturaleza?



Como suele pasar en este país, el caso del policía que mató a quien había acuchillado repetidas veces a un turista estadounidense hizo que la sociedad se dividiera en dos grandes grupos. De un lado, encontramos a quienes sostienen que es obvio que el policía cumplió con su deber al matar a un asaltante, ya que la policía está para proteger a las víctimas de los delitos, y en este caso había una sola víctima. Del otro, se hallan quienes creen que el policía cometió un homicidio a sangre fría, y la víctima en todo caso más importante es, por obvias razones, la persona que perdió la vida.

A la luz del ordenamiento jurídico vigente en nuestro país el cual prohíbe el castigo privado, para no decir nada de la pena de muerte en general, dado que circula la información de que el asaltante fue abatido por la espalda, lo menos que se puede decir es que no es un comienzo muy auspicioso para quienes alegan que el policía trató de evitar un delito en curso, a menos que el policía haya disparado su arma mientras el asaltante estaba acuchillando a la otra persona. No es imposible tampoco, pero no va a ser fácil demostrarlo.

El presidente, por su parte, no ha sido particularmente feliz al haber recibido a dicho policía como un héroe sin saber exactamente qué fue lo que pasó. Por razones constitucionales, así como los jueces no deben gobernar y muchos menos aplicar el derecho a su antojo, tampoco puede el presidente intervenir en causas judiciales, particularmente si están en trámite, ni siquiera para subir en las encuestas.

Por otro lado, el mismo derecho vigente en nuestro país no exige que haya un policía cerca para que acuda en ayuda de alguien que está siendo atacado. El art. 34 del Código Penal, en su inciso 7, prevé claramente que cualquier persona puede acudir en legítima defensa de un tercero (por supuesto, satisfaciendo algunos requisitos). Sería entonces deseable que una vez que conozcamos todos los hechos apliquemos el derecho vigente con independencia de si nuestras simpatías tienden a favorecer al policía o a la persona muerta.

Por las dudas, antes de seguir adelante convendría recordar que existe al menos una línea clara de demarcación entre la legítima defensa y el castigo, la cual es temporal: la defensa tiene lugar durante la comisión del delito, el castigo tiene lugar una vez que el delito ha terminado. Es por eso entre otras cosas que los individuos están autorizados a defenderse o a otros, pero solamente puede castigar el Estado.

En realidad, en una sociedad mínimamente civilizada las consideraciones anteriores serían tautológicas o peronistas, en el sentido que Gatica al menos le solía dar a la palabra: estamos todos de acuerdo en que en nuestro país está prohibido cometer robos y homicidios.

Quizás no sea tan tautológico señalar un área de convergencia entre (a) tal vez todos aquellos que están dispuestos a apoyar al policía incluso si su acción viola el derecho vigente y (b) los que creen que en realidad toda acción policial es contraproducente. En realidad, la convergencia salta a la vista: ambos extremos son anti-institucionalistas. Por diferentes razones, los unos creen que pueden proteger sus derechos sin instituciones y los otros creen que son las instituciones los que violan sus derechos. Sin embargo, ambos extremos se contradicen.

Los que reclaman por la impunidad suponen que pueden proteger sus derechos sin que dicha protección sea provista por el Estado, como si los derechos en cuestión fueran naturales o provinieran de la naturaleza y fueran por lo tanto anteriores a la existencia del Estado. En realidad, si no hay Estado, en el fondo no hay derechos. Lo que hay son pretensiones y dado que el conflicto entre ellas es inevitable, cada uno es el juez de cuál pretensión es o no legítima, lo cual no hace sino perpetuar la situación de conflicto, apropiadamente llamado “estado de naturaleza”.

De ahí que si aspiramos a hacer justicia por mano propia, la persona que considerábamos que era un delincuente bien puede considerarse a sí misma como una víctima y exigir hacer exactamente lo mismo pero contra nosotros, ante la falta de un derecho que decida quién es el agresor y quién es la víctima. A río revuelto, perdemos todos. Si todavía tenemos un Estado, por débil, ineficiente o corrupto que sea en su lucha contra la impunidad, deberíamos fortalecerlo, no debilitarlo mediante la venganza privada, lo cual no hace sino menoscabar todavía más su autoridad.

Del otro lado, tal vez nos encontremos con gente que exige que el policía vaya preso pero a la vez reniega de las instituciones penales, si no del derecho en general, como si la responsabilidad de lo que sucede en una sociedad fuera exclusivamente de las instituciones. Sin embargo, a menos que seamos devotos de Monty Python, no tiene sentido pedir que un funcionario estatal vaya preso sin reconocer al menos la necesidad contar con instituciones penales (y por lo tanto estatales) que primero estipulen ciertas conductas como delictivas y jueces que apliquen las penas correspondientes. En realidad, si fuéramos abolicionistas coherentes abogaríamos por eliminar el sistema penal, no solamente para casos como el que estamos discutiendo sino incluso para los delitos más graves como los de lesa humanidad.

La otra cara del institucionalismo, sin embargo, es que hay pagar un precio bastante alto para conservarlo. Debemos obedecer las instituciones incluso si se equivocan. Tenemos la oportunidad de recurrir por supuesto hasta las instituciones más altas, pero en algún momento habrá una que tendrá la última palabra y habrá que obedecerla, al menos si deseamos cumplir con el derecho. Los errores de las instituciones, en resumen, se corrigen, a la larga o a la corta, con más u otras instituciones, jamás sin ellas.

19 comentarios:

TA dijo...

Andrés, si bien en líneas generales coincido, me hace un poco de ruido la frase "debemos obedecer las instituciones incluso si se equivocan". Abstrayéndonos un poco de este caso en particular: ¿Debemos obedecerlas aún cuando cometan errores fatales, gravisimos, aberrantes? Una respuesta posible es: bueno, pero ¿aberrantes para quien? Si cada uno fuese con su interpretación de lo que es aberrante y lo que no, cumpliendo sólo las normas que le plazcan, la sociedad sería un caos. Ahora bien, -y no lo digo por este caso-, ¿eso nos debe llevar entonces a una obediencia ciega la ley? Para dar un ejemplo burdo, una ley que obligara a una persona a matar a cada inmigrante que se cruzara por su camino sería una ley aberrante. ¿Qué pasa en esos casos? Doy el ejemplo burdo para extrapolarlo a casos menos burdos, en los cuales pueda llegarse a las mismas conclusiones. Entonces, ¿la obediencia a la ley debe ser una obediencia ciega e incuestionable? De ahí que el institucionalismo radical me haga ruido. Quería saber tu opinión de lo que, creo, constituye un desafío al positivismo.

Andrés Rosler dijo...

Hola TA, muchas gracias por tu comentario. Por supuesto, ciertos errores descalifican a las instituciones. Mi punto no es que hay que obedecer a todas las instituciones. Los nazis también tenían instituciones. Pero en Argentina vivimos en democracia bajo cierto Estado de Derecho, que al menos permite la renovación de autoridades en una competencia bastante limpia. Y en todo caso, suponiendo que hubiera que desobedecer las instituciones, una vez que termina la revolución, las instituciones anteriores serán reemplazadas por otras ya que la idea de una revolución permanente no tiene sentido.

Eduardo Reviriego dijo...

¡Que mal asesorado que está Macri! Lamentable.

Leo dijo...

Uh dificil situacion la mia , creo que al delicuente le caberia pena de muerte pero esta deberia estar legislada y aplicada por un juez mediante un proceso lindo y correcto no por un cana de la policia local que hizo menos de un año de instrucción jaja

TA dijo...

Gracias por la respuesta, Andrés.

Agustín dijo...

Hay que tomar la situación en la cual se da este hecho. Durante estos años de gobierno se ha profundizado la escala represiva, dentro de los marcos del estado de derecho o de la democracia si se quiere. No hace falta buscar mucho para comprender la intervención de gendarmeria en la muerte de Santiago Maldonado o en el accionar de prefectura que asesinó también por la espalda a Rafael Nahuel. Es el resultado de una política pública este accionar que en lo que va del ciclo macrista lleva 725 muertes en 721 dias, según un informe de CORREPI.
Es decir, demuestra una política de estado que se da en una coyuntura marcada por un ajuste brutal a las condiciones de vida de las masas. No por nada la respuesta del estado a la movilización hacia el congreso en el último mes del año fue la represión.
Por otra parte, la conclusión a la cual se llega de defensa a ultranza de las instituciones es carece de contenido. Que quiero decir con esto: las mismas tienen ik contenido social y politico. Estas instituciones defienden un status quo en particular : bajo el capitalismo, una minoria se apropia del trabajo ajeno y para perpetuarlo necesita del monopolio de la fuerza legítima. Y esta violencia tiene por ende un caracter de clase al ser su existencia producto inmediato de los intereses antagónicos que se presentan en las sociedades capitalistas.

El estado no es un garante de derechos. Es un garantia de opresión. Entender que en las sociedades anteriores los derechos que hoy necesitamos que alguien nos los conceda, eran totalmente "frecuentes" en las épocas anteriores a que el desarrollo fe las fuerzas productivas provocara un excedente apropiable.

La conclusión con la que quiero polemizar, es que las instituciones obedecen a un objetivo claro. Y las mismas, en tanto se disocien de la sociedad ubicándose por sobre encima de ella, solo funcionará como impedimento para que la sociedad no se devore asi misma pero no en el sentido de Hobbes a a hora de sostener que el hombre es "malo" y que "se limita asi mismo" mediante el pacto social sino en función de defender los privilegios de una minoria explotadora.

En la medida que las funciones de las instituciones sean nuevamente absorbidas por la sociedad (y no desempeñadas por una burocracia) no solo de volveran mas simples sino que daremos el paso a la extinción de las mismas como herramientas de opresión. Y esta tarea solo puede ser realizada por un gobierno de trabajadores.

Andrés Rosler dijo...

Muchas gracias Eduardo por tu comentario. Totalmente de acuerdo.

Andrés Rosler dijo...

Muchas gracias Agustín por tu comentario. Supongo entonces que hasta que el Estado no sea reabsorbido por la sociedad no vas a querer que nadie vaya preso. Tengo una duda, ¿el derecho penal social va a tomar decisiones con autoridad, inapelables, represivas, con cárceles, etc.? En cuyo caso, ¿en qué se diferencia del derecho penal actual? ¿En quién el agente?

Agustin dijo...

La suposición que mencionas seria acorde quizás a un planteo anarquista de desaparición del Estado de un día para el otro. Lo que intento plantear, es que al considerar al Estado como aparato de dominación de una clase por sobre otra no va a modificar el status quo de una sociedad organizada sobre esas particulares bases sociales (propiedad privada, apropiación del trabajo ajeno,etc) de un dia para el otro sino que va a formar parte del inicio de un proceso en que los antagonismos de clases, osea la desigualdad real entre unas y otras, tiendan a desaparecer. Y en tanto las mismas se reduzcan al mínimo, la necesidad del Estado como tal ha de extiguirse bajo sus propios fundamentos.

No es un planteo abolicionista inmediato, sino el proceso de superar la herencia que nos dejan las sociedades capitalistas. Por supuesto que el derecho penal es la representación de una manera de producir en particular. La cuestión radica en sobre quienes sufren "el peso de la ley" en los hechos (en un analisis mas jurídico hablariamos tambien de que el capitalismo defiende ciertos bienes jurídicos determinados pero no condena las formas mas denigrantes de trabajo humano, por ejemplo), y la generalidad nos demuestra que los penados tienen un denominador común, que es la clase social oprimida a la cual pertenecen y que por la miseria en la que se encuentran (podemos hablar de alienación) reaccionan de esta manera.

Las condenas a los capitalistas (o sus representantes en la orbita del Estado) que son juzgados y penados representan una ínfima minoría donde podemos ver que funcionarios de tal o cual partido están por igual hundidos en un barro de corruptela increible. No hay ley que respetar cuando es necesario reconstruir la tasa de ganancia que percibe la burguesia, hasta el punto de desconocer el derecho cuyo contenido les es propio, osea el derecho burgués.

Que en el proceso que reivindico las penas van a existir, es una afirmación. Pero la verdadera solución es la inserción de ese individuo dentro de la sociedad, que a causa de la herencia capitalista, va a generar todavía aunque en menor medida los delitos que hoy conocemos. Y ellos van a existir por que el aparato de dominación cambio su caracter de clase, aunque su agonización como tal ya ha comenzado.

Pero la respuesta tiene que ser integral (lease cultural, educativa, económica, etc). Veríamos realizado el ideal de los progresistas de hoy en día de que las cárceles tienen que ser para que el reo "vuelva" a la sociedad. No hay discusión en que esas son las bases, pero el problema es pretender alcanzarlas bajo el capitalismo. El gobierno de trabajadores se va a encargar de ello porque la socializacion de los medios de producción va en esa dirección.

Por último, las experiencias revolucionarias han intentado esa reabsorcion de las funciones del estado en el seno de la sociedad. Se han concretado tribunales populares, en una medida superior a los que se organizaban en las etapas anteriores a la organización del Estado como tal. Por ej. tribus primitivas tomaban descisiones en conjunto sobre cual es la sancion que le corresponde al infractor de una norma consuetudinaria.

Estas normas imperativas van seguir formando parte de una sociedad sin estado (aunque con otro contenido social), osea una sociedad totalmente libre. Y quienes menoscaben esas normas universales y elemental tendrán su sanción correspondiente. El conflicto como tal no ha de desaparecer. Pero el principal de ellos ha de estar radicado, esto es, la guerra entre clases.

Espero haberme dado a entender con la respuesta y bienvenido el debate.
Saludos

Andrés Rosler dijo...

¿Y si en esa sociedad "totalmente libre" hay un desacuerdo cómo lo resolverían?

Agustín dijo...

Las experiencias antiguas y más actuales han mostrado a la sociedad deliberando la sanción a los ilícitos. Tanto los iroqueses como los comuneros de París. Estos primitivos entendían como la peor sanción a la pena de muerte, pero según los estudios casi no tenía efectividad por ejemplo. Y la seguridad de la tribu empleada por sus mismos integrantes, no hablarían de un ejercito regular que emplease la fuerza (generalmente como respuesta a ataques exteriores)

Anónimo dijo...

Siguiendo la libre Asociación y el simplismo de Andrés al resumir las posiciones en a y b y despues de leer sus articulos haciendo menciones a la ley e instituciones nazis y peronismo, me permito hacer lo propio: a) a Andres le preocupa que se aplique la ley penal retroactivamente como ley penal nazi y b) a Andrés le preocupa que no se aplique la ley penal Nazi al peronismo integrado en su mayoría por negros, pobres, gay, analfabetos y algún que otro judio.
Apelo al sentido del humor reflejado en sus artículos en este domingo caliroso.
Saludos

Andrés Rosler dijo...

Agustín, ahora entiendo. Estoy totalmente de acuerdo que los cazadores-recolectores no necesitan Estado (ni ONGS, ni electricidad, ni Internet, etc.) pero viven o interactúan por lo general en grupos no mayores de cien o ciento veinte personas. En cuanto al comunismo, los propios comunistas sostiene que para lograrlo, con suerte, requiere de una dictadura del proletariado, lo cual obviamente implica bastante Estado por un tiempo considerable.

Agustin dijo...

Error. Más que hablar de dictadura del proletario has acabado de caracterizar al stalinismo que es una forma degenerada y burócratica (por ende, Estatista). Tiene su explicación como accidente histórico a lo largo de la historia, al haber la revolución solo triunfado en países atrasados y no haberse internacionalizado, pero es otro tema.
Cuando menciono a los iroqueses es relativo a que no siempre el estado existió y se organizo de una manera determinada la sociedad. El desarollo de las fuerzas productivas a alcanzado el tope dentro del capitalismo y la necesidad de su superación lleva consigo la necesidad de demoler la sociedad de clases, como habia desarrollado antes.

No puede decirse un plazo del gobierno de trabajadores hacia el comunismo, es poco científico. Pero las piedras basales están inscriptas en esa dirección. Por eso te señale que cuando se hablan de instituciones hay que determinar su carácter clasista antes de hacer una defenda a rajatabla de ellas porque tienen una función esencial: regimentar. De ahí derivamos la consiguiente existencia del derecho penal pero con otra perspectiva.

Andrés Rosler dijo...

La dictadura del proletariado es el término que usaban Marx y Engels precisamente. Pero quizás era una dictablanda como se dice ahora.

Martin Beccaria dijo...

Andrés y Agustín:Celebro la diferencia de opiniones en un debate claro y sin agresiones!! Enriquece a todo aquel que sin mucha formación y con ganas de formarse una postura equilibrada y con argumentos sólidos ingresa a este tipo de blogs. Me quedo para aprender y de a poco ir soltando mí opinión si se me permite la intromisión. Felicitaciones por el espacio!!

Anónimo dijo...

Y ahora que nombre le ponemos al nene ? Luego de ver el video y la aseveración de Marcos Peña de que el presidente estaba al tanto de los acontecimientos. Se estaría configurando un delito ?

Anónimo dijo...

Los primeros 5 párrafos son impecables, luego se acumulan opiniones personales, algunas que se pueden compartir y otras a contrapelo de la historia.

Andrés Rosler dijo...

Hola Anónimo, muchas gracias por el comentario. En realidad, es al revés. El final de la entrada es muy difícil de negar si uno desea razonar institucionalmente, lo cual es típico del derecho. El comienzo de la entrada tiene algunas dificultades jurídicas ya que concedió demasiado a los términos de la discusión general pero dentro de poco va a aparecer otra entrada aclaratoria.