No se puede proteger la Constitución violándola

La diputada Elisa Carrió ha llamado a impedir que tenga lugar la votación el próximo miércoles en el Congreso sobre la así llamada reforma judicial (click). Sin duda, se trata de una reforma con graves consecuencias institucionales que afectan a la forma republicana de gobierno adoptada por nuestra Constitución y que muy probablemente sea inconstitucional.

Ahora bien, la convocatoria para impedir que sesione el Congreso es peligrosamente ambigua porque admite al menos dos lecturas. Según la lectura política, lo que la diputada propone es hacer todo lo políticamente posible para impedir que la reforma tenga lugar, es decir, medidas usuales en la política parlamentaria tales como no prestar quórum, peticionar antes los representantes que revean sus creencias al respecto, convocar a la gente que asista a la deliberación y se haga presente en los alrededores del Congreso, etc.

Pero la indeterminación de la propuesta de Carrió podría entenderse como un llamado a hacer imposible sin más que el Congreso sesione, lo cual configura el delito de sedición. Es de muy público conocimiento que la misma Constitución afectada por la reforma judicial aclara enfáticamente que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, así como el Código Penal prohíbe la sedición. Otra vez, Carrió tiene razón en que la reforma podría ser inconstitucional. Pero es el poder judicial el que tiene la atribución legal de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, no el pueblo.

En el fondo, la propuesta de Carrió, por bien intencionada que fuera, confunde cuestiones constitucionales, que invitan el desacuerdo, con las estrictamente legales cuyas prohibiciones son indiscutibles. Como diría Carl Schmitt (o el liberalismo francés del siglo XIX), confunde cuestiones políticas con cuestiones estrictamente legales. En nuestro país, los órganos encargados de tomar la decisión política de determinar si una ley es constitucional son las judiciales. No es ninguna novedad la así llamada dificultad contramayoritaria: hay razones para oponerse a que los jueces tomen decisiones políticas de este tipo. Pero es indudable que, hasta nuevo aviso, el control judicial de constitucionalidad es parte del sistema judicial argentino. En cambio, es una cuestión claramente legal, por no decir penal, que la sedición está prohibida por la Constitución y por el Código Penal, y no hace falta acudir a la Corte Suprema al respecto.

La reforma judicial muy probablemente afecta a la forma republicana de gobierno. Pero no se puede impedir el normal desenvolvimiento del Congreso por un desacuerdo constitucional. No es el pueblo sino la Corte Suprema en última instancia la que decide sobre la constitucionalidad de las leyes, y es el pueblo mismo el que decidió esta división del trabajo. Cabe recordar que se trata además de una Corte Suprema que ha dado muestras claras de independencia frente al mismo Poder Ejecutivo que designara a varios de sus miembros, muestras que de hecho han provocado ataques del Poder Ejecutivo hacia dicho tribunal.

En conclusión, a menos que la invitación a impedir la aprobación de la ley de reforma judicial sea entendida en términos puramente políticos como los expuestos más arriba, deberíamos abstenernos de hacer todo lo posible para cometer un muy grave delito en el caso de un orden constitucional democrático, tal como lo es el delito de sedición.