En esta nota editorial de La Nación leemos que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, comentó que el procedimiento utilizado para destituir vertiginosamente a Lugo, aunque apegado a la ley, "no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa". A lo que agregó que así se habría violado el derecho al "debido proceso legal" de Lugo. Ocurre que en apenas treinta horas de labor parlamentaria Fernando Lugo fue juzgado y sentenciado, luego de lo cual el entonces vicepresidente, Federico Franco, asumió la presidencia de Paraguay. La pregunta es: ¿cómo puede ser el procedimiento "apegado a la ley" si no cumplió con el derecho a la legítima defensa (reveladoramente, se trata de una expresión que no suele usarse en derecho procesal sino que se usa en derecho penal para hacer referencia a la resistencia ante una agresión no provocada)? En realidad, Insulza mismo reconoce que se contradice al concluir que violaron el derecho al debido proceso. El editorialista se limita a describir ecuánimemente los dichos de Insulza, sin comentarlos.
En la misma nota editorial, la autoridad moral ataca de nuevo. En efecto, dado que el gobierno argentino no puede tirar la primera piedra entonces debería abstenerse de pronunciarse sobre lo que pasa en Paraguay. Para no perder tiempo, hacemos referencia a lo que ya habíamos dicho antes en el blog sobre el argumento de la autoridad moral (autoridad moral I y autoridad moral II): se trata de un argumento muy pobre. En todo caso, uno podría aprovechar la oportunidad para recordarle al gobierno que mejore su propio rendimiento legal en varios frentes pero no para reprocharle que se pronuncie sobre lo que sucedió en Paraguay.
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