"Hacia una nueva suma de los factores reales de poder", por Julio Fernández Baraibar. Integrante del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego
El fundador del partido socialista alemán, Ferdinando Lasalle, pronunció en 1862 una famosa conferencia conocida bajo el nombre “Qué es una Constitución”. Decía Lasalle: “He aquí pues, señores, lo que es en esencia la Constitución de un país: la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país”. Con esto, se oponía a cierto idealismo constitucionalista, que creía (y cree) suficiente dejar impreso en el texto de la Carta Magna los derechos por los cuales luchaba para convertirlos en efectivos. Lasalle sostenía que ninguno de los derechos allí promulgados iba a ser eficazmente ejercido si no existía, previamente, una modificación sustancial de las condiciones reales de poder.
Si se quemase por completo el Archivo del reino de Prusia y se destruyesen la Constitución y todas las leyes del país, decía, ¿alguien podría, entonces, declarar la República? Y respondía: “El rey les diría, lisa y llanamente: podrán estar destruidas las leyes, pero la realidad es que el Ejército me obedece, que obedece mis órdenes; la realidad es que los comandantes de los arsenales y los cuarteles sacan a la calle los cañones cuando yo lo mando, y apoyado en este poder efectivo, en los cañones y las bayonetas, no toleraré que me asignéis más posición ni otras prerrogativas que las que yo quiera. Como ven ustedes, señores, un rey a quien obedecen el Ejército y los cañones... es un fragmento de Constitución”. Y ¿si a alguien se le ocurría, entonces, retrotraer a los trabajadores a las condiciones de siervos de la gleba de la Edad Media?: “No, señores, no prosperaría, aunque para sacarla adelante se aliasen el rey, la nobleza y toda la gran burguesía. (...) Llegadas las cosas a ese extremo, ustedes dirían: nos dejaremos matar antes que tolerarlo. Los obreros se echarían corriendo a la calle, sin necesidad de que sus patronos les cerrasen las fábricas, la pequeña burguesía correría en masa a solidarizarse con ellos, y la resistencia de ese bloque sería invencible, pues en ciertos casos extremos y desesperados, también ustedes, señores, todos ustedes juntos, son un fragmento de Constitución”.
Lasalle terminaba su idea afirmando: “Se toman estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de este momento, incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, y quien atente contra ellos atenta contra la ley y es castigado”.
Nuestras constituciones. Si aplicamos estos criterios lasalleanos a nuestra historia constitucional veremos que en todos los textos escritos (1819, 1826, 1853) se intentó imponer al conjunto del país una constitución, que, o bien desconocía esos factores reales de poder, esos fragmentos de constitución, o modificaba las relaciones sociales de poder mediante el uso de las armas.
Rosas, con su política de alianzas con los caudillos del interior, logró imponer durante veinte años una constitución de hecho reconociendo esos factores reales de poder, las provincias.
La modificación por medio de la guerra de las relaciones objetivas de poder logró imponer la Constitución de 1853 que, de hecho, fue un acta de rendición de los vencidos en Caseros ante sus vencedores. Al intentar, no obstante, pretender incorporar la renta aduanera a la nación, Buenos Aires se secesiona durante siete años. Es sólo con la derrota nacional de Pavón que la Ciudad de Buenos Aires se incorpora a la Confederación en 1860, con Mitre como presidente, y a condición de garantizar para los porteños las rentas de la ciudad-puerto.
Nuestras guerras civiles sólo finalizan cuando, en 1880, las tropas del Ejército Nacional, a las que los porteños llamaron despectivamente “los chinos de Roca”, ocuparon militarmente la ciudad de Buenos Aires y libraron la batalla de los Corrales, donde murieron 3.500 argentinos. Sólo una victoria militar de la nación pudo terminar con el monopolio porteño sobre el puerto de Buenos Aires, modificando así la relación de fuerzas a favor de los sectores del interior expresados, en ese momento, por Roca.
La constitución borrada. La primera Constitución Argentina que fue el resultado de una modificación de las relaciones de poder a favor de los sectores nacionales y populares fue la Constitución de 1949. Este texto constitucional que incorporó el sistema moderno, y casi pionero en ese momento, del derecho social y de la propiedad inalienable del subsuelo, fue un producto de la poderosa movilización obrera y popular del 17 de octubre de 1945. Sin ese cambio de las relaciones de fuerza, la Constitución del ’49 no hubiera sido posible.
Fue necesario un golpe de Estado, cuyos resultados aún perduran en la historia nacional, en 1955, para que, de manera ilegítima e ilegal, un decreto militar derogase una Constitución aprobada por una Asamblea Constitucional. Todas las reformas posteriores dependieron de un decreto militar que derogó una Constitución legítimamente aprobada y que fue sepultada en el olvido y el silencio.
Frente al palacio del Congreso se construyeron, hace unos años, unas artísticas verjas de hierro forjado a las que se adornó con una breve síntesis de la historia constitucional argentina. La Constitución Nacional de 1949 brilla por su ausencia. El parlamento argentino ha borrado de dicho homenaje a la única constitución de nuestra historia que fue el producto de relaciones de poder a favor de los sectores nacionales y populares.
La reforma del ’94. A partir de 1976, el neoliberalismo proimperialista logró transformar radicalmente las condiciones estructurales creadas entre 1945 y 1955. Básicamente, se logró desindustrializar el país. Con ello se diezmó a la clase obrera, convirtiéndola en un ejército de desocupados que todavía no hemos podido reincorporar plenamente al trabajo asalariado. Esa modificación de la constitución real tuvo su consecuencia en nuestra historia constitucional.
La reforma de 1994 puso sobre el papel las nuevas relaciones reales de poder de la Argentina desindustrializada, desnacionalizada y endeudada. Entregó los recursos naturales del subsuelo a las provincias y con ello desarticuló al Estado Nacional, posibilitando las condiciones para la entrega y desguace de empresas como YPF o YCF. Mientras en 1949 se había establecido la propiedad inalienable e imprescriptible del Estado sobre las riquezas del subsuelo, en 1994 se entrega a las provincias la capacidad de negociar con las grandes multinacionales extractivas y, como dijera la señora Presidenta de la Nación, sin las espaldas suficientes para enfrentar a estos enormes poderes económicos.
A su vez, la creación de la llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires implicó retrotraer al país a los días anteriores a 1880. Convirtió al gobierno de la Nación en huésped del gobierno de la ciudad, en la que reside, pero no gobierna. Recuérdese que el intendente de la Ciudad le prohibió a la presidenta de la Nación la realización de Tecnópolis en la Capital Federal. Al darle carácter autónomo, se logró enquistar nuevamente en Buenos Aires a las fuerzas políticas más reaccionarias del país.
Una nueva relación de fuerzas. Desde el año 2003 han cambiado las relaciones de poder entre los distintos sectores sociales. La deuda externa dejó de ser el cáncer que debilitaba nuestro sistema productivo. La desocupación ya no es el estado endémico en que vivió gran parte de nuestra población durante los gobiernos neoliberales. El poder del imperialismo dentro de nuestras fronteras no es el mismo que en los ’90. La nacionalización de empresas estratégicas, como Aerolíneas Argentinas e YPF y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Nación han fortalecido el poder nacional sobre nuestra economía. El derecho laboral ha vuelto a funcionar del modo en que fue pensado. La ampliación de derechos civiles y sociales ha dejado de ser un mero consejo constitucional para convertirse en políticas de Estado. El Mercosur, la Unasur, la Celac y la propia política latinoamericana no son sólo un aspecto de la política internacional. Es política nacional ampliada.
Es necesario cristalizar en una Constitución esta nueva suma de factores reales. Afirmamos con Lasalle: “Allí donde la Constitución escrita no corresponde a la real, estalla inevitablemente un conflicto que no hay manera de eludir y en el que a la larga, tarde o temprano, la Constitución escrita, la hoja de papel, tiene necesariamente que sucumbir ante el empuje de la Constitución real, de las verdaderas fuerzas vigentes en el país”.
Podemos agregar, además, que una nueva constitución consolidará lo que se ha obtenido y estatuirá un nuevo piso, más alto, que dificulte o impida las restauraciones cíclicas que ha sufrido nuestra historia política. Si ello implica ampliar las posibilidades de reelección presidencial es, también, una buena oportunidad para discutirlo.
Nuestras constituciones. Si aplicamos estos criterios lasalleanos a nuestra historia constitucional veremos que en todos los textos escritos (1819, 1826, 1853) se intentó imponer al conjunto del país una constitución, que, o bien desconocía esos factores reales de poder, esos fragmentos de constitución, o modificaba las relaciones sociales de poder mediante el uso de las armas.
Rosas, con su política de alianzas con los caudillos del interior, logró imponer durante veinte años una constitución de hecho reconociendo esos factores reales de poder, las provincias.
La modificación por medio de la guerra de las relaciones objetivas de poder logró imponer la Constitución de 1853 que, de hecho, fue un acta de rendición de los vencidos en Caseros ante sus vencedores. Al intentar, no obstante, pretender incorporar la renta aduanera a la nación, Buenos Aires se secesiona durante siete años. Es sólo con la derrota nacional de Pavón que la Ciudad de Buenos Aires se incorpora a la Confederación en 1860, con Mitre como presidente, y a condición de garantizar para los porteños las rentas de la ciudad-puerto.
Nuestras guerras civiles sólo finalizan cuando, en 1880, las tropas del Ejército Nacional, a las que los porteños llamaron despectivamente “los chinos de Roca”, ocuparon militarmente la ciudad de Buenos Aires y libraron la batalla de los Corrales, donde murieron 3.500 argentinos. Sólo una victoria militar de la nación pudo terminar con el monopolio porteño sobre el puerto de Buenos Aires, modificando así la relación de fuerzas a favor de los sectores del interior expresados, en ese momento, por Roca.
La constitución borrada. La primera Constitución Argentina que fue el resultado de una modificación de las relaciones de poder a favor de los sectores nacionales y populares fue la Constitución de 1949. Este texto constitucional que incorporó el sistema moderno, y casi pionero en ese momento, del derecho social y de la propiedad inalienable del subsuelo, fue un producto de la poderosa movilización obrera y popular del 17 de octubre de 1945. Sin ese cambio de las relaciones de fuerza, la Constitución del ’49 no hubiera sido posible.
Fue necesario un golpe de Estado, cuyos resultados aún perduran en la historia nacional, en 1955, para que, de manera ilegítima e ilegal, un decreto militar derogase una Constitución aprobada por una Asamblea Constitucional. Todas las reformas posteriores dependieron de un decreto militar que derogó una Constitución legítimamente aprobada y que fue sepultada en el olvido y el silencio.
Frente al palacio del Congreso se construyeron, hace unos años, unas artísticas verjas de hierro forjado a las que se adornó con una breve síntesis de la historia constitucional argentina. La Constitución Nacional de 1949 brilla por su ausencia. El parlamento argentino ha borrado de dicho homenaje a la única constitución de nuestra historia que fue el producto de relaciones de poder a favor de los sectores nacionales y populares.
La reforma del ’94. A partir de 1976, el neoliberalismo proimperialista logró transformar radicalmente las condiciones estructurales creadas entre 1945 y 1955. Básicamente, se logró desindustrializar el país. Con ello se diezmó a la clase obrera, convirtiéndola en un ejército de desocupados que todavía no hemos podido reincorporar plenamente al trabajo asalariado. Esa modificación de la constitución real tuvo su consecuencia en nuestra historia constitucional.
La reforma de 1994 puso sobre el papel las nuevas relaciones reales de poder de la Argentina desindustrializada, desnacionalizada y endeudada. Entregó los recursos naturales del subsuelo a las provincias y con ello desarticuló al Estado Nacional, posibilitando las condiciones para la entrega y desguace de empresas como YPF o YCF. Mientras en 1949 se había establecido la propiedad inalienable e imprescriptible del Estado sobre las riquezas del subsuelo, en 1994 se entrega a las provincias la capacidad de negociar con las grandes multinacionales extractivas y, como dijera la señora Presidenta de la Nación, sin las espaldas suficientes para enfrentar a estos enormes poderes económicos.
A su vez, la creación de la llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires implicó retrotraer al país a los días anteriores a 1880. Convirtió al gobierno de la Nación en huésped del gobierno de la ciudad, en la que reside, pero no gobierna. Recuérdese que el intendente de la Ciudad le prohibió a la presidenta de la Nación la realización de Tecnópolis en la Capital Federal. Al darle carácter autónomo, se logró enquistar nuevamente en Buenos Aires a las fuerzas políticas más reaccionarias del país.
Una nueva relación de fuerzas. Desde el año 2003 han cambiado las relaciones de poder entre los distintos sectores sociales. La deuda externa dejó de ser el cáncer que debilitaba nuestro sistema productivo. La desocupación ya no es el estado endémico en que vivió gran parte de nuestra población durante los gobiernos neoliberales. El poder del imperialismo dentro de nuestras fronteras no es el mismo que en los ’90. La nacionalización de empresas estratégicas, como Aerolíneas Argentinas e YPF y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Nación han fortalecido el poder nacional sobre nuestra economía. El derecho laboral ha vuelto a funcionar del modo en que fue pensado. La ampliación de derechos civiles y sociales ha dejado de ser un mero consejo constitucional para convertirse en políticas de Estado. El Mercosur, la Unasur, la Celac y la propia política latinoamericana no son sólo un aspecto de la política internacional. Es política nacional ampliada.
Es necesario cristalizar en una Constitución esta nueva suma de factores reales. Afirmamos con Lasalle: “Allí donde la Constitución escrita no corresponde a la real, estalla inevitablemente un conflicto que no hay manera de eludir y en el que a la larga, tarde o temprano, la Constitución escrita, la hoja de papel, tiene necesariamente que sucumbir ante el empuje de la Constitución real, de las verdaderas fuerzas vigentes en el país”.
Podemos agregar, además, que una nueva constitución consolidará lo que se ha obtenido y estatuirá un nuevo piso, más alto, que dificulte o impida las restauraciones cíclicas que ha sufrido nuestra historia política. Si ello implica ampliar las posibilidades de reelección presidencial es, también, una buena oportunidad para discutirlo.
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