Argentina para los Argentinos

Hace tiempo que venimos discutiendo el problema de la así llamada inseguridad, o aumento del delito, en nuestro país. Una y otra vez hemos dicho que, muy a grandes rasgos, existen dos explicaciones del delito. Por un lado, la tesis moral, por no decir teológico-antropológica, popularizada por, entre otros, el reaccionario Joseph De Maistre, la cual supone que la comisión de delitos se debe lisa y llanamente a que la naturaleza humana ha caído y por lo tanto se ve tentada a incumplir mandatos morales, tales como los que subyacen a las prohibiciones del Código Penal. Por el otro, la tesis socio-económica, para la cual no es la caída en sí misma la que explica el delito—al menos no la caída del así llamado delincuente. En efecto, para esta segunda tesis, el delito se debe a una sensiblemente defectuosa distribución del ingreso. Cuando más equitativa es dicha distribución, menos delito habrá. En todo caso, la tesis socio-económica comparte cierta moralización de la explicación del delito pero en relación a la responsabilidad de quienes no hacen nada por mejorar la distribución del ingreso, la cual a su vez explica el delito para empezar a hablar.

A esta altura no es ninguna novedad que en nuestro país está vigente hace más de una década un modelo de crecimiento con una inclusión socio-económica tal que sería absurdo siquiera sospechar que el incremento del delito que tanto preocupa ahora al Gobierno Nacional pueda tener conexión alguna, por remota que fuera, con una defectuosa distribución del ingreso. Todo lo contrario. De ahí el reciente anuncio presidencial de incluir como parte de una reforma del Código de Procedimientos en Materia Penal un régimen especial para extranjeros sorprendidos en flagrante delito, quienes podrán ser deportados ipso facto, i.e. sin juicio previo. En efecto, el modelo de crecimiento inusitado con inclusión por momentos escandinava, se ha convertido en un nuevo "El Dorado", el cual a su vez ha atraído un número tal de extranjeros que, a juicio del Gobierno al menos, solamente vienen a nuestro país a delinquir, y son responsables de la crisis de inseguridad. La distribución del ingreso es nacional y popular, el delito, en cambio, es extranjero y enemigo del pueblo. En otras palabras, la tesis teológico-antropológico-moral es correcta pero si se aplica a los países vecinos, no al nuestro. La caída se ha enseñado con la naturaleza humana pero no con la de los argentinos, sino con la naturaleza humana de los ciudadanos de los países vecinos.     

Seguramente, no faltarán los liberales y republicanos que, cuándo no, pondrán el grito en el cielo por esta medida xenofóbica, la cual no solamente pone en duda las aspiraciones cosmopolitas del modelo (por lo demás, el modelo siempre se jactó de ser nacional y popular, jamás cosmopolita), sino además muy probablemente argumentarán que las garantías constitucionales en materia penal de los ciudadanos se extienden asimismo a todos los habitantes de nuestro país. Es más, no nos extrañaría en absoluto que invocando el Mercosur y la tan mentada hermandad nuestro-americana se preocuparan por el destino que les podría tocar en suerte a los habitantes de esta incipiente unidad regional si la misma adoptara la política de nuestro Gobierno y decidiera deportar, aunque temporariamente, a sus ciudadanos sorprendidos en flagrante delito. ¿Acaso serían bienvenidos en la Unión Europea, o en África, quizás en nuestro nuevo socio comercial e informativo, Rusia, o China?

Tampoco podemos dejar de mencionar a quienes se consideran de izquierda (a pesar de que a la izquierda de este Gobierno está la pared) y por eso creen que la xenofobia, o la reacción para el caso, son incompatibles con el progresismo. La verdad, no tenemos la menor idea de dónde proviene la idea según la cual la xenofobia es patrimonio exclusivo de la derecha. Lo único que faltaba es que alguien alegara que en realidad el capital no tiene banderas, y que por lo tanto la lucha por la emancipación no puede quedar enmarcada dentro de los límites de una sola nación. Por momentos no podemos resistir la tentación de creer que hay gente que nunca leyó, v.g., a Stalin y su socialismo en un solo país.

  

Párrafo aparte merece la prisión preventiva por hechos que produzcan “conmoción social” y la consideración de la reincidencia a tal efecto. Tal como nos lo hiciera notar nuestro amigo Yago, se trata de una concesión a la tan vapuleada prensa opositora. En efecto, sería suficiente que, v.g., Clarín publicara una nota sobre algún hecho delictivo para que el autor de este hecho no saliera nunca más de la cárcel. Se trata de un gesto que ennoblece a la iniciativa gubernamental, pero nos parece exagerado y nos preocupa qué será entonces de la vida de Boudou (al cual esperemos proteja el principio de irretroactividad de las leyes penales) y de la vida de varios funcionarios de este mismo Gobierno que el día de mañana bien podría caer en las manos de la prensa opositora, desprovistos de todo fuero protector. En cuanto a la reincidencia, se trata de un instituto jurídico que solía preocupar a los penalistas liberales, pero aparentemente eso es cosa del pasado. Ni siquiera vale la pena molestarse por quienes creyeran que ni siquiera mediando juicio previo el Estado tiene derecho a deportar a alguien por haber cometido un delito, sobre todo si esta persona está dispuesta a cumplir con la pena. 

Finalmente, no faltarán los que dudarán de las motivaciones del Gobierno para implementar esta medida xenofóbica. Es más, algunos sostendrán que este mismo Gobierno se contradice ya que en el pasado había abjurado públicamente de toda xenofobia e incluso existe una institución estatal destinada a combatirla (INADI). La respuesta es que, sea por oportunismo electoral o por principio, el modelo de crecimiento con inclusión cuasi-escandinava exige luego de una larga década de éxitos una dosis considerable de xenofobia. En la vida hay que elegir.