Bip Bip

En su último mensaje por Cadena Nacional, la Presidenta de la República manifestó su curiosidad por la velocidad con la cual algunos jueces penales en la actualidad están desarrollando su labor, al extremo de que, a tono con este blog, los comparó con aquel famoso dibujo animado “El Correcaminos” e incluso imitó su característico “bip bip”.

Quizás porque muy comprensiblemente no recordaba la terminología taxonómica de los protagonistas que solía aparecer al comienzo de cada episodio, la Presidenta omitió nombrar al juez Lijo (iudex acceleratus incredibilis) y al Vicepresidente de la República, Amado Boudou (manticulator [Jorge Asís dixit] o latro vulgaris).

La Presidenta no parece darse cuenta de la ironía de su comparación, ya que, obviamente, en el dibujo animado el Correcaminos es el perseguido exitoso y el Coyote el torpe perseguidor. Y es literalmente una peripecia que la serie de funcionarios judiciales apartados (un procurador general, un juez y un fiscal hasta ahora al menos) haya dejado paso a una investigación efectiva del comportamiento de Boudou y una persecución penal, literalmente hablando. Acerca de la relevancia del hecho de que puede haber otros que también merezcan ser objeto de una persecución penal, nos remitimos a nuestra última entrada: Código Penal mata Relato. Y dicho sea de paso, es curioso que la Presidenta no haya mencionado otra premura, la de quienes investigan al fiscal Campagnoli por mal desempeño en sus funciones, en particular por “exceso de investigación”, cuando dicha investigación no había cumplido aún su primer mes de vida.

Hablando de Campagnoli, hasta ahora nos ha llamado la atención que su defensa consista esencialmente en que se trata de una persecución política a un fiscal que cumple con su trabajo, i.e. que investiga funcionarios gubernamentales de los que se sospecha han cometido un delito. Nos llama la atención, en efecto, ya que las defensas políticas—como por ejemplo la de Boudou—aparecen en el centro de la escena cuando las legales son muy débiles o inexistentes. Y suponemos que quienes enjuician a Campagnoli, sin que importe cuáles son sus intenciones, van a tomar una decisión fundada, capaz de resistir apelaciones y la evaluación de la opinión pública. Hacer cualquier otra cosa sólo sería contraproducente a esta altura del partido.

En segundo lugar, nos llama la atención la defensa de Campagnoli porque suponemos que ningún fiscal puede ser tan estúpido como para investigar a un Vicepresidente sin haber cumplido obsesivamente con el derecho, antes, durante y después de dicha investigación. De otro modo, dejaría un flanco muy expuesto para que quienes quieran impedir dicha investigación se deshagan de él. Por suerte, Carlos Kunkel, en otro de los tantos nobles gestos que lo caracterizan, le recordó al juez Lijo que el Consejo de la Magistratura estará observando cada movimiento suyo, al igual que la canción de Sting; si Kunkel no fuera tan noble, bien podría haberse guardado la advertencia y simplemente podría haber esperado que Lijo cayera en la trampa.

Finalmente, tal como nos hemos cansado de repetir, ninguna causa política justifica el incumplimiento con el derecho. Y es increíble que estemos debatiendo estas cuestiones. Por lo tanto, si la única defensa de Campagnoli es que se trata de una persecución política, la misma es tan endeble como la de Boudou. La única diferencia quizás consiste en que mientras que respecto a Campagnoli todavía tiene sentido hablar de condicionales, con Boudou da la impresión de que quedan muy pocas dudas.