Génesis y Capitanich

Es curiosa la primera reacción del Gobierno Nacional ante los hechos ocurridos en Córdoba. Nos informa precisamente la agencia oficial Télam que para el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el conflicto con la Policía cordobesa obedece a una "cuestión estrictamente salarial que compete en forma exclusiva y excluyente al gobierno de la provincia de Córdoba" y, en ese sentido, sostuvo que el Estado Nacional no puede "subrogar responsabilidades ajenas" (click), en obvia referencia al pedido de ayuda del Gobierno Provincial para que el Gobierno Nacional envíe a la Gendarmería (a la sazón, hay un destacamento en Jesús María, a 50 kms de la Ciudad de Córdoba).

En otro orden, según Télam, Capitanich negó que exista "discriminación" del Estado Nacional hacia la provincia de Córdoba, a pesar de que el Gobierno Nacional envió a la Gendarmería a la Provincia de Buenos Aires y a la de Santa Cruz en repetidas veces. La mera coincidencia entre el envío de la Gendarmería y las simpatías políticas de los Gobernadores y/o relación con la provincias en cuestión son sólo eso, una coincidencia. 

Así y todo, llama la atención el criterio invocado por Capitanich, que podemos denominar como criterio genético o genealógico. Dado que la génesis o genealogía del conflicto es salarial, entonces el Gobierno Nacional no debe intervenir. De ahí que si, por ventura, de un conflicto salarial entre la Policía provincial y el Gobierno provincial deviniera un genocidio, el Gobierno Nacional tampoco podría intervenir. Vale recordar que el Gobierno Nacional envió a la Gendarmería a la Provincia de Buenos Aires recientemente sin que siquiera hubiera saqueos de por medio, sólo con fines preventivos entendemos, más allá del obvio propósito electoral. Da la impresión entonces de que el criterio genético es absurdo, y que debería prevalecer qué es lo que sucede, no tanto su génesis. 

Ciertamente, si sucediera que los saqueos fueron el producto de una pobre distribución del ingreso, no serían buenas noticias para un Gobierno Nacional que se ufana del éxito de su política redistributiva (que hasta donde sabemos habría alcanzado hasta la Provincia de Córdoba). Y si sucediera que los saqueos fueron producto de la mera criminalidad por no decir de nuestra caída naturaleza humana, eso tampoco serían buenas noticias para el Gobierno Nacional, ya que dicha naturaleza caída exigiría todavía más la ayuda nacional. Ni qué decir si los saqueos fueran el resultado de una conspiración contra el Gobernador. En este último caso no habría que descartar que al igual que lo sucedido con Massa (click), que el Gobernador mismo hubiera sido el que planeó esta conspiración en su contra, y que después incluso hubiera tratado de evitar la conspiración; la actuación de De la Sota en este caso habría merecido un premio de la Academia:

Hablando del diablo, el hecho de que el Gobernador en cuestión sea De la Sota no afecta nuestra conclusión. En efecto, aunque supusiéramos que De la Sota fuera el diablo (no hace falta ser muy imaginativo para suponerlo), no vemos por qué entonces la Provincia en cuestión debería sufrir por eso. Hasta Provincias gobernadas por diablos tienen derecho a ser socorridas por el Gobierno Nacional, a menos hasta una nueva reforma de la Constitución.