Seguridad jurídica

Aunque habría que consultar a un abogado, hay razones para creer en Buenos Aires, a juzgar por el Código de Convivencia, el contrato de compraventa de sexo no está prohibido, aunque es nulo según el Código Civil, art. 953, ya que su objeto es “contrario a la moral y las buenas costumbres”. Por lo cual, quien se viera estafado debido a que cumplió con su obligación de entregar dinero a los efectos de realizar la compra y no obtuvo la venta o contraprestación sexual correspondiente no podría exigir ante las autoridades el cumplimiento de dicho contrato. En pocas palabras, se trata de un acto que no está prohibido aunque su validez es nula.

La visita del presidente de los Estados Unidos a Cartagena permite comprobar que en dicha ciudad no existe tal vacío legal, por no decir contradicción. En efecto, según una fuente, al menos uno de los agentes que formaba parte de la comitiva de seguridad del presidente Obama celebró un contrato de compraventa sexual y se negó a cumplir con su prestación, presumiblemente después de haber obtenido la contraprestación, ya que “se trenzó en una discusión con una… prostituta[], que llamó entonces a la policía colombiana para denunciar que no querían pagarle” (click). Fue precisamente la intervención de la policía lo que provocó el reemplazo de varios agentes de la comitiva estadounidense. Todo lo cual sugiere que en dicha ciudad la compraventa de sexo es un acto jurídico bilateral sinalagmático permitido y protegido por las autoridades.

Más allá de las consideraciones morales y políticas en juego--la prostitución puede ser entendida como un acto entre adultos que consienten y de ahí quizás su legalización, aunque podrían involucrar cuestiones muy serias tales como la trata de blancas--, sin duda la seguridad jurídica (que después de todo consiste en la seguridad de que se cumpla con el derecho y no dice nada sobre el valor del derecho en cuestión) en Cartagena es mucho mayor que la existe en Buenos Aires. De hecho, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está procesado por un delito y sigue ejerciendo sus funciones normalmente. Bueno, en Argentina, y sobre todo en Buenos Aires, quizás sea una necesidad no tomarse al derecho tan en serio ya que hacerlo, irónicamente, impediría el normal desenvolvimiento de las instituciones.